El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no participó en la XXV Cumbre de mandatarios y jefes de Estado de Iberoamérica, celebrada el 29 de octubre en Cartagena, Colombia. El proceso de diálogo que gobierno y oposición comenzarían en Caracas el domingo 30 de octubre con el apoyo del Vaticano fue el argumento oficial para justificar la ausencia. Expertos dejan ver que la razón sería evitar las posibles críticas hacia su responsabilidad en la actual crisis que vive el país. Dejaron ver que esto se traduce en un aislamiento progresivo de la región.
La presencia del mandatario suramericano en Colombia fue una incógnita hasta última hora. El viernes 28 se dio por sentado que iría. El sábado 29 de octubre todo se despejó; la canciller Delcy Rodríguez asumió la representación del país.
“Quiero agradecer a los presentes en nombre del presidente Maduro, que se excusa porque, como ustedes bien saben, mañana (domingo 30 de octubre) se inicia en Venezuela un proceso de diálogo con los sectores opositores. Me excuso (…) en nombre del presidente y presento también su salutación y su congratulación con la realización de esta cumbre”, expresó Rodríguez ante la plenaria, según publicó el sitio web La Patilla.
Víctor Mijares, profesor de la Universidad Simón Bolívar, señaló que desde hace tiempo Venezuela rompió con “los principios dominantes en la región”. “Es natural que se inhiba en recesión”, agregó. Dejó ver que esto se podría interpretar como “un aislamiento relativo y creciente”. “Es un repliegue táctico, no una renuncia estratégica”, aclaró.
Para el exembajador de Venezuela Milos Alcalay, el mandatario “no va donde debe ir; y va donde no debe estar; ¿buenos asesores?”.
Orlando Pérez, profesor del College de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Millerville (Estados Unidos), señaló que la Maduro no fue “quizás para evitar críticas”. “La cumbre iberoamericana es diferente a Unasur. Pudiera ser que (se esté aislando); la crisis política en Venezuela deja al régimen al desnudo: sin fuerza económica, sin poder de convocatoria y aislado mundialmente. La pregunta del millón es: hasta qué punto puede resistir y quién o qué da el toque final. Por ahora está claro que no es la oposición”, precisó.
El exembajador Óscar Hernández afirmó que al no asistir el funcionario deja de someterse “a la crítica de sus pares y evade encuentros con la prensa internacional”.
Fidel Canelón, profesor de la Universidad Central de Venezuela, dijo que faltó al encuentro porque supuestamente teme “que haya un pronunciamiento abierto de varios presidentes sobre su gobierno”.
“Hace rato que Maduro está aislado de su pueblo y del continente. Gran muestra de debilidad”, expresó Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano de España.
Medios internacionales y agencias de noticias aseveraron que la crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela fue uno de los temas centrales de la cumbre. No trascendió mucha información sobre las posiciones que los países mantuvieron sobre Caracas. Solo se filtró la posición crítica del presidente de Perú, Pablo Kucyznski, y el comunicado que su gobierno emitió un comunicado en el que afirmó que Caracas se «ha generado una alteración del orden constitucional».
La tensión en Venezuela sigue subiendo y eso no ha pasado inadvertido para la región. La decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender la jornada de recolección de 20 % de firmas equivalentes al padrón comicial para convocar un revocatorio del presidente Nicolás Maduro llevó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a 12 países del hemisferio a expresar su preocupación. Expertos aseguran que conforme el tiempo va allanando el camino de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI).
El país quedó sorprendido el 20 de octubre. Jueces de los estados Aragua, Carabobo, Apure, Bolívar y Monagas ordenaron la suspensión de la recolección de firmas, prevista del 26 a al 28 de octubre, por las supuestas irregularidades en el proceso de toma del 1 % de rúbricas para avanzar en el revocatorio presidencial. ¿La razón? Que tribunales sin competencia en lo electoral pudieran actuar.
La sorpresa se convirtió en angustia amarga cuando el CNE esa misma anunció en una nota de prensa que la mayoría de cuatro rectoras –de cinco posibles- decidió acatar la orden y detener el proceso.
La ira de la oposición se desató. Veinticuatro horas después llamó a marchar el 26 de octubre en todo el país y activó acciones para lograr, en su opinión, la restitución de la Constitución.-
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió una nueva mediación en la crisis de Venezuela. Foto: Cortesía OEA
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó el 21 de octubre a actuar “para defender la democracia en Venezuela”. “Solo las dictaduras despojan a sus ciudadanos de derechos, desconocen el legislativo y tienen presos políticos. Hoy estamos más convencidos que nunca del rompimiento del sistema democrático. Es hora de tomar acciones concretas”, expresó.
Estados Unidos mostró su preocupación por lo ocurrido en Venezuela. “Consideramos que la decisión se está usando para bloquear que los venezolanos ejerzan su derecho constitucional de decidir la dirección que debe tomar el país”, dijo John Kirby, portavoz del Departamento de Estado.
Canadá, a través de su Cancillería, emitió un comunicado en el que dijo estar igualmente preocupado por la decisión del CNE y por la detención de opositores. Solicitó a las partes abstenerse de usar la violencia.
Un día después, Estados Unidos y Canadá, junto a otros 10 países de América más, expresaron en un comunicado conjunto su preocupación por la suspensión de la recolección de firmas para activar el revocatorio presidencial y de prohibir la salida del país de líderes opositores por considerar que “afecta la posibilidad de establecer un proceso de diálogo (…) que permita una salida pacífica a la situación crítica por la que atraviesa el país”. Paraguay se adhirió al texto el domingo 23 de octubre.
Para Alejandro Velasco, profesor de Historia de la Universidad de Nueva York, la actuación de la región “es más de lo mismo”. “La situación parece muy delicada de país en país y compleja a nivel regional como para esperar algo diferente”, agregó.
María Teresa Belandria, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Central de Venezuela, afirmó: “Viene la aplicación de la Carta (Democrática Interamericana)”.
Orlando Pérez, profesor del College de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Millersville, la OEA “debería activar la CDI y condenar a Venezuela”.
“América Latina se mueve poco a poco porque no todos quieren meterse con Venezuela. Pero hay más que antes y terminarán activando la CDI por causa del propio presidente del país”, señaló la internacionalista María Teresa Romero.
La CDI fue aprobado el 11 de septiembre de 2001 en Perú. Busca proteger el sistema democrático en América. Cuenta con 28 artículos. En el 20 establece que si en uno de los Estados miembro se produce “una alteración constitucional que afecte gravemente su orden democrático” cualquier Estado o el secretario general puede pedir la convocatoria del Consejo Permanente para adoptar decisiones.
Se abrirá, entonces, la posibilidad de acciones diplomáticas y si estas no funcionan la Asamblea General comenzará un período de sesiones permanentes para adoptar las acciones que considere pertinentes.
El artículo 21 del documento indica que si se comprueba que en un Estado miembro ha habido una ruptura del orden constitucional y las acciones diplomáticas no han surtido efecto, se podrá suspender su participación de la OEA, con la aprobación de dos tercios de los Estados miembro.
La CDI no define qué es una alteración constitucional que afecte el orden democrático. Sin embargo, en su artículo 1 afirma que la democracia es “esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de América”.
En su artículo 4 define como “elementos esenciales de la democracia representativa” a los siguientes: “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía de los pueblos; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Almagro presentó en junio ante el Consejo Permanente de la OEA un informe sobre Venezuela en el que destacó la crisis humanitaria y las acciones del Gobierno que estarían atentando contra las instituciones y el país. Allí se decidió apoyar el diálogo impulsado por Caracas y Unasur con la mediación de José Luis Rodíguez Zapatero, Omar Torrijos y Leonel Fernández, el cual todavía no ha logrado ningún resultado. Por ello Almagro pidió una nueva mediación.
El aniversario del Laudo Arbitral de París, ocurrido el 3 de octubre, llevó a un intercambio de comunicados entre los Gobierno de Venezuela y de Guyana sobre la reclamación de Caracas por el territorio del Esequibo. El tema de fondo es la preocupación por la escogencia de un nuevo mecanismo para solucionar la controversia.
Acusó al gobierno de David Granger de asumir “una actitud arbitraria, ilegal y unilateral” para intentar escabullirse de los buenos oficios de la ONU, mecanismo elegido por las partes para hallar un acuerdo práctico al diferendo, y retiró que esa es la única vía que propone y acepta el país.
Reiteró su respeto y apego al Laudo Arbitral de París, “cuya validez defenderá en los tribunales más importantes del mundo en los que expondrá los sórdidos esfuerzos de Venezuela por dañar el desarrollo de Guyana”. Con esto reitera sus intenciones de que el reclamo se resuelva en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
“Me parece que el intercambio de comunicados entre Guyana y Venezuela solo favorece los planes de la ExxonMobil”, opinó el exembajador de Caracas en Georgetown, en evidente acuerdo con la línea del Gobierno de Nicolás Maduro de atribuir la crisis limítrofe a supuestos intereses extranjeros ligados a Granger.
Para la internacionalista Mirna Yonis,”la lógica indicaba la reacción” del vecino país. “Fue casi inmediata y sacudieron el folleto con el título de conquistadores para Venezuela. No hubo un intercambio de documentos, fue solo acción y reacción. Fue nefasta e inoportuna la excusa del aniversario del Laudo de París”, agregó.
En opinión de la internacionalista Brigitte Rivas, “el Ministerio de Relaciones Exteriores bolivariano nunca ha atendido ni entendido el tema del Esequibo; Guyana nunca lo ha abandonado y el cambio de mecanismo pedido a la secretaría general de la ONU explica mucho”.
Venezuela y Guyana mantienen una controversia por el Esequibo así como por las áreas marinas y submarinas que su proyección genera. Georgetown insiste en que es parte de su territorio, según el laudo arbitral de París, de 1899. Caracas asegura tener derechos de soberanía en la zona y mantiene su posición de que la decisión internacional es nula e írrita.
La reclamación sigue viva por el Acuerdo de Ginebra, de 1966, que establece que las partes “deben buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”. De esa necesidad de hallar salidas, a finales de la década de los años ochenta se optó por los buenos oficios de la ONU, que adelanta un representante del secretario general de la organización mundial –escogido por las partes-, que debe instar al arreglo de la reclamación.
Hasta ahora ha habido tres buenos oficiantes, todos caribeños: Alister McIntyre, de Grenada; Oliver Jackman, de Barbados (murió en 2007), y Norman Girvan, de Jamaica, que asumió en 2010 y falleció el 9 de abril de 2014.
Desde que Granger llegó al poder ha insistido en que el mecanismo de los buenos oficios está agotado y exigió al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para que el tema se decida en una corte internacional.
El artículo 4 numeral 1 delAcuerdo de Ginebra establece que los gobiernos “escogerán sin demora uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas”, que señala como alternativas: “la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”. Es decir, para reactivar los buenos oficios se necesita la voluntad de Georgetown, algo que ha dejado claro que no aceptará por considerarlo agotado.
El mismo artículo 4, numeral 2, del Acuerdo de Ginebra establece: “Si los medios así escogidos no conducen a una solución a la controversia, dicho órgano (un órgano internacional apropiado que ambos gobiernos acuerden), o como puede ser el caso, el secretario general de las Naciones Unidas, escogerán otros medios estipulados en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, y así sucesivamente hasta que la controversia haya sido resuelta, o hasta que todos los medios de solución se hayan agotado”.
Colombia sorprendió al mundo el 2 de octubre. Una ajustada mayoría de los electores –una minoría si se considera la abstención- votó en contra de los Acuerdos de Paz que habían firmado el Gobierno de ese país, liderado por su presidente Juan Manuel Santos, y el secretariado de la guerrilla de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC). Expertos aseguran que temas como la posibilidad de impunidad y garantías de cargos públicos para los líderes insurgentes terminaron por sepultar lo negociado por el Ejecutivo.
Los colombianos estaban llamados a las urnas para ratificar un documento que Gobierno y guerrilla habían firmado en agosto de este año en La Habana, Cuba y que reafirmaron simbólicamente el 26 de septiembre en un acto de propaganda en el que participaron el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de la OEA, Luis Almagro, y mandatarios de varios países latinoamericanos.
Las encuestas daban una victoria del “Sí” a los documentos: Datexco reveló que 55 % votaría a favor; 54 % según la encuestadora Cifras y Conceptos, y 66 % según Ipsos-Napoleón Franco. La realidad arrojó lo contrario. Solo menos de 40 % de los electores votó; de ese total, 50,2 % apoyó el “No” y 49,7 % el “Sí”, lo que obliga a buscar salidas.
Santos dijo una vez conocido los resultados que los aceptaba pero que seguiría hallando caminos para alcanzar la paz. Llamó a todas las fuerzas políticas a dialogar. Las FARC reiteraron su compromiso con lo firmado.
El presidente de Colombia al momento de reconocer la derrota (Cortesía cuenta Twitter de Juan Manuel Santos)
Los acuerdos de paz fueron el resultado de un proceso de diálogo que se inició en Noruega y en La Habana en septiembre de 2012. L as partes debatieron para llegar a seis grandes puntos: una política de desarrollo agrario integral; la participación política de las FARC; la entrega de las armas insurgentes; la solución al problema de la venta de estupefacientes; la reparación de las víctimas, y los mecanismos para refrendar los acuerdos.
Muchos puntos han levantado polémica; de ellos destacan tres: el otorgamiento de amnistía o indultos por delitos políticos y conexos; la entrega de dinero a la guerrilla una vez se desmovilicen sus integrantes, y el hecho de que las FARC tendrían garantizado diez curules permanentes y se convertirán en partido político cuando dejen las armas.
Un periodista colombiano partidario del “Sí” dijo estar desconcertado por el resultado, que atribuyó a varios factores: indiferencia generalizada (votó menos de 40 % de los llamados a hacerlo); politización de la consulta; miedos infundados basados en mentiras; guerra alimentada por medios de comunicación, entre otros.
“Debemos respetar la decisión de la mayoría y no descalificarla. No hacerlo es repetir pasados errores históricos”, advirtió el analista político colombiano Erich Saumeth.
Para el exdiplomático venezolano Óscar Hernández, más que un “No” a los acuerdos de paz, el rechazo fue a algunas de las obligaciones acordadas. “La situación de Venezuela también influyó en la decisión de muchos colombianos al votar por el ‘No’”, precisó a la vez que calificó como más grave una abstención que superó 60 %.
El internacionalista venezolano Abraham Belilty coincidió en que los votantes temieron a una posible impunidad. “Siempre apostaré a la paz, pero en términos de justicia y verdad, empezando por la salida de Cuba de toda negociación. La paz siempre será el camino pero no al costo que sea y mucho menos con la impunidad como norte”, alertó.
El politólogo Ivo Hernández señaló al miedo como responsable de lo ocurrido. “No soy quién para decirlo, pero si hay una real voluntad de paz, ese acuerdo deberá ser replanteado, en otros términos. Es complejo. Santos quedó mal porque subestimó la capacidad de juicio del electorado”, señaló.
“Ahora hay que seguir negociando. La guerra no es la solución; la paz lo amerita”, acotó el exembajador Carlos Bivero.
Guyana emplazó recientemente al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a que presente pronto un camino para terminar con el reclamo de Venezuela por el Esequibo. La petición fue clara: que el tema lo resuelva una corte internacional. El país caribeño quiere aprovechar los problemas internos de su vecino y su declive regional para zanjar un tema que, asegura, afecta su desarrollo.
La diplomacia guyanesa no ha dejado de moverse en busca de apoyo a su causa: no perder ni una pulgada de una zona que es cerca de dos tercios de su territorio. Así aprovechó dos escenarios internacionales para ventilarla.
El primero fue la XVII Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados, celebrada en la isla de Margarita a mediados de septiembre. Ante representantes de 120 Estados miembro, la embajadora de Guyana en Venezuela, Cheryl Miles, reiteró que el reclamo por el Esequibo es una amenaza para su país, según publicó el diario El Nacional, que indicó que el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, respondió que el país está comprometido con la paz.
El segundo fue el inicio del período de sesiones número 71 de la asamblea general de la ONU. El 20 de septiembre el presidente de Guyana, David Granger, advirtió a los Estados miembros de la organización mundial que las “ambiciones territoriales de Venezuela” afectan a su país.
Denunció que Caracas había “intensificado sus agresiones contra” Georgetown y que había ignorado los esfuerzos de Ban por alcanzar una solución a la controversia. “No se puede permitir que las agresiones venezolanas amenacen el futuro de nuestros niños”, expresó.
Llamó a que el diferendo limítrofe lo defina la justicia internacional, propuesta que su gobierno ha impulsado desde hace más de un año, al considerar que se agotó el actual mecanismo para hallar una solución, los buenos oficios de la ONU.
El 24 de septiembre el mandatario se reunió con Ban. El comunicado de prensa del secretario general de la ONU dijo que habían “intercambiado puntos de vista sobre la controversia” territorial. Desde la Presidencia de Guyana se afirmó que surgió el compromiso de que antes de noviembre el funcionario internacional presentaría una salida al tema.
“No hay declaración oficial de Ban al respecto. Sin embargo, las acciones de Guyana son coherentes con los anuncios de Granger en su toma de posesión. La diplomacia de presión se capitaliza frente a la oposición guyanesa y marca el liderazgo en ambivalencia de sus socios”, expresó vía Twitter la internacionalista y experta en el Caribe Mirna Yonis.
“Guyana actúa porque ve debilidad política-institucional en Venezuela y busca aprovecharla. Caracas parece no tener una posición ante la arremetida”, expresó el exdiplomático Carlos Bivero vía Twitter. “Esta es una estrategia clásica. La debilidad y la diplomacia de la confrontación disminuye la capacidad venezolana”, señaló el exdiplomático Óscar Hernández.
“Guyana saca provecho de la débil posición internacional de Venezuela. Ahora hay muchos frentes abiertos y ataca”, precisó Víctor Mijares, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar.
Venezuela está sumida en una crisis económica. La inflación de este año se desconoce pero en 2015 cerró en 180,9 %, reveló en enero el Banco Central de Venezuela. La escasez de productos básicos rondaba 80 % en mayo, según Datanálisis.
La popularidad de Maduro sigue en baja. Ocho de cada diez venezolanos valoran negativamente su gestión, arroja la encuesta Venebarómetro, y 70,9 % considera que debe dejar el poder. La oposición está decidida a realizar un referéndum para revocar su mandato en 2016 y, como prevé la Constitución, convocar a elecciones. Esto a pesar del intento oficial por evitarlo.
La comunidad internacional impulsa un diálogo que no termina de cuajar porque las partes no se sinceran y la mediación carece de fuerza.
Venezuela ha perdido peso en el escenario internacional. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó a mediados de año un informe sobre la crisis humanitaria en el país, a pesar de que Caracas trató de impedirlo. A juicio de Almagro, comenzó el proceso que podría llevar a la activación de la Carta Democrática Interamericana, algo que el oficialismo niega.
Con el cambio de signo político de los gobiernos de Argentina y Brasil el Ejecutivo de Maduro está cada vez más aislado en Suramérica. Trató de asumir la presidencia pro témpore de Mercosur pero los socios fundadores (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) decidieron que un consejo lo haría porque Caracas no había cumplido con los requisitos para ser miembro pleno.
Venezuela y Guyana mantienen una controversia por el Esequibo así como por las áreas marinas y submarinas que su proyección genera. Georgetown insiste en que es parte de su territorio, según el laudo arbitral de París, de 1899. Caracas asegura tener derechos de soberanía en la zona y mantiene su posición de que la decisión internacional es nula e írrita.
La reclamación sigue viva por el Acuerdo de Ginebra, de 1966, que establece que las partes “deben buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”. De esa necesidad de hallar salidas, a finales de la década de los años ochenta se optó por los buenos oficios de la ONU, que adelanta un representante del secretario general de la organización mundial –escogido por las partes-, que debe instar al arreglo de la reclamación.
Hasta ahora ha habido tres buenos oficiantes, todos caribeños: Alister McIntyre, de Grenada; Oliver Jackman, de Barbados (murió en 2007), y Norman Girvan, de Jamaica, que asumió en 2010 y falleció el 9 de abril de 2014.
Respuesta. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló el 23 de septiembre ante la asamblea general de la ONU en representación del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, no mencionó el tema. Solo lo abordó ante un reportero de Telesur, al que reveló que se había reunido con Ban para hablar del diferendo. “El año pasado el Presidente solicitó activar los buenos oficios y pedimos una vez más que se reactive; nuestros derechos son legítimos”, expresó.
Maduro rompió su silencio el 26 de septiembre en Cartagena en la firma simbólica de los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia. A través de un tuit, Rodríguez informó que él se había reunido con Ban y había solicitado reactivar los buenos oficios.
Foto cortesía Twitter canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez
El artículo 4 numeral 1 del Acuerdo de Ginebra establece que los gobiernos “escogerán sin demora uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas”, que señala como alternativas: “la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”. Es decir, para reactivar los buenos oficios se necesita la voluntad de Georgetown, algo que ha dejado claro que no aceptará por considerarlo agotado.
El mismo artículo 4, numeral 2, del Acuerdo de Ginebra establece: “Si los medios así escogidos no conducen a una solución a la controversia, dicho órgano (un órgano internacional apropiado que ambos gobiernos acuerden), o como puede ser el caso, el secretario general de las Naciones Unidas, escogerán otros medios estipulados en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, y así sucesivamente hasta que la controversia haya sido resuelta, o hasta que todos los medios de solución se hayan agotado”.
Aquí parece estar la jugada de Guyana, dejar en manos de Ban o de su sucesor la decisión. Por eso seguirá presionando para que sea la Corte Internacional de Justicia en La Haya donde se dirima la controversia. Es allí donde confía que Caracas no podrá probar, por ejemplo, por qué el laudo de París es nulo e írrito.
Fuentes diplomáticas afirmaron que es posible que el secretario general de la ONU presente una alternativa para no legar la controversia a su sustituto y que sea un mecanismo que no comprometa al nuevo funcionario. No descartan que la salida sea un arbitraje o la Corte Internacional de Justicia, lo que en ambos casos obligará a Venezuela a responder al reto.
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