El presidente de Guyana, David Granger, obtuvo una victoria frente a Venezuela al lograr que la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, sea la instancia o “el medio utilizado” para resolver el reclamo de Caracas por el territorio Esequibo y las áreas marinas y submarinas que su proyección genera.
La decisión la anunció en la tarde del 30 de enero la oficina del portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, a través de un comunicado en el que aseguró que se tomó la decisión debido a que se cumplió el lapso de un año que había establecido Ban Ki-moon antes de dejar el cargo en la organización internacional y que en ese tiempo el proceso de buenos oficios “no ha alcanzado progreso significativo en llegar a una solución a la controversia”.
El paso del reclamo a la justicia internacional era un punto de honor del mandatario caribeño desde que llegó al poder en mayo de 2015, y sobre todo cuando comenzaron los roces diplomáticos por las investigaciones y hallazgos de petróleo que hizo ExxonMobil como parte de un grupo integrado por otras petroleras, algunas en las que podrían ser áreas marinas y submarinas del Esequibo.
Granger comenzó a trabajar para tratar de demostrar que el mecanismo de los buenos oficios se había agotado y que había que tomar otro camino, el de la Corte Internacional de Justicia. Comenzó, entonces, un trabajo diplomático que incluyó discursos en la ONU en los que presionaba al entonces secretario general de la ONU Ban a tomar una decisión.
Las discusiones sobre el diferendo limítrofe habían bajado mucho. Expertos han asegurado que se produjo, sobre todo, después que el presidente Hugo Chávez dijo en febrero de 2004 en Guyana que el Gobierno de Venezuela no sería “un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo” y de que en la era Chávez-Bharrat Jagdeo Caracas incluyera a Georgetown como beneficiario de PetroCaribe.
La decisión de Guterres fue celebrada por la Cancillería de Guyana. En un comunicado dijo que La Haya era el lugar indicado para dirimir el diferendo y advirtió que “no permitirá que factores externos a la controversia influyan sobre la Corte”.
Granger dio un paso más allá y adelantó que pudiera ser la estrategia que pudiera seguir su país: “Seguiremos adelante con la reafirmación de la validez del laudo arbitral (de París) de 1899 anterior a la Corte Internacional de Justicia”. Si esa el centro del proceso legal, obligará a Caracas a probar porqué ha venido insistiendo en que la decisión internacional es nula e írrita.
Venezuela y Guyana mantienen una controversia por el Esequibo así como por las áreas marinas y submarinas que su proyección genera. Georgetown insiste en que es parte de su territorio, según el laudo arbitral de París, de 1899. Caracas asegura tener derechos de soberanía en la zona y mantiene su posición de que la decisión internacional es nula e írrita; se basa en documentos de uno de los abogados que lo representó en la decisión internacional.
La reclamación sigue viva por el Acuerdo de Ginebra, de 1966, que establece que las partes “deben buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”. De esa necesidad de hallar salidas, a finales de la década de los años ochenta se optó por los buenos oficios de la ONU, que adelanta un representante del secretario general de la organización mundial –escogido por las partes-, que debe instar al arreglo de la reclamación. Este mecanismo se desprende de la Carta de Naciones Unidas.
Hasta ahora ha habido cuatro buenos oficiantes, todos caribeños: Alister McIntyre, de Grenada; Oliver Jackman, de Barbados (murió en 2007), Norman Girvan, de Jamaica, que asumió en 2010 y falleció el 9 de abril de 2014, y Dag Halvor Nylander, de Noruega, quien asumió la responsabilidad en 2017, año que Ban dio de plazo para evaluar si el mecanismo arrojaba resultados y seguía siendo idóneo para resolver el diferendo.
Gutierres decidió que la controversia pase a la Corte Internacional de Justicia pero dejó abierta la posibilidad de que el mecanismo continúe al afirmar en el comunicado del 30 de enero que Guyana y Venezuela “podrían beneficiarse de continuidad en los buenos oficios de la Organización de las Naciones Unidas mediante un proceso complementario establecido sobre la base de las facultades del Secretario General en la Carta de las Naciones Unidas”.
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