Apuesta de Guyana en la Corte Internacional de Justicia apunta a defender la validez del Laudo Arbitral de París

Apuesta de Guyana en la Corte Internacional de Justicia apunta a defender la validez del Laudo Arbitral de París

El presidente de Guyana, David Granger, obtuvo una victoria frente a Venezuela al lograr que la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, sea la instancia o “el medio utilizado” para resolver el reclamo de Caracas por el territorio Esequibo y las áreas marinas y submarinas que su proyección genera.

La decisión la anunció en la tarde del 30 de enero la oficina del portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, a través de un comunicado en el que aseguró que se tomó la decisión debido a que se cumplió el lapso de un año que había establecido Ban Ki-moon antes de dejar el cargo en la organización internacional y que en ese tiempo el proceso de buenos oficios “no ha alcanzado progreso significativo en llegar a una solución a la controversia”.

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El secretario general de la ONU, António Guterres. Cortesía ONU

El paso del reclamo a la justicia internacional era un punto de honor del mandatario caribeño desde que llegó al poder en mayo de 2015, y sobre todo cuando comenzaron los roces diplomáticos por las investigaciones y hallazgos de petróleo que hizo ExxonMobil como parte de un grupo integrado por otras petroleras, algunas en las que podrían ser áreas marinas y submarinas del Esequibo.

Granger comenzó a trabajar para tratar de demostrar que el mecanismo de los buenos oficios se había agotado y que había que tomar otro camino, el de la Corte Internacional de Justicia. Comenzó, entonces, un trabajo diplomático que incluyó discursos en la ONU en los que presionaba al entonces secretario general de la ONU Ban a tomar una decisión.

Las discusiones sobre el diferendo limítrofe habían bajado mucho. Expertos han asegurado que se produjo, sobre todo, después que el presidente Hugo Chávez dijo en febrero de 2004 en Guyana que el Gobierno de Venezuela no sería “un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo” y de que en la era Chávez-Bharrat Jagdeo Caracas incluyera a Georgetown como beneficiario de PetroCaribe.

La decisión de Guterres fue celebrada por la Cancillería de Guyana. En un comunicado dijo que La Haya era el lugar indicado para dirimir el diferendo y advirtió que “no permitirá que factores externos a la controversia influyan sobre la Corte”.

Granger dio un paso más allá y adelantó que pudiera ser la estrategia que pudiera seguir su país: “Seguiremos adelante con la reafirmación de la validez del laudo arbitral (de París) de 1899 anterior a la Corte Internacional de Justicia”. Si esa el centro del proceso legal, obligará a Caracas a probar porqué ha venido insistiendo en que la decisión internacional es nula e írrita.

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El presidente de Guyana, David Granger, junto al brigadier Patrick West. Cortesía: Ministerio de la Presidencia de Guyana

Venezuela y Guyana mantienen una controversia por el Esequibo así como por las áreas marinas y submarinas que su proyección genera. Georgetown insiste en que es parte de su territorio, según el laudo arbitral de París, de 1899. Caracas asegura tener derechos de soberanía en la zona y mantiene su posición de que la decisión internacional es nula e írrita; se basa en documentos de uno de los abogados que lo representó en la decisión internacional.

La reclamación sigue viva por el Acuerdo de Ginebra, de 1966, que establece que las partes “deben buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”. De esa necesidad de hallar salidas, a finales de la década de los años ochenta se optó por los buenos oficios de la ONU, que adelanta un representante del secretario general de la organización mundial –escogido por las partes-, que debe instar al arreglo de la reclamación. Este mecanismo se desprende de la Carta de Naciones Unidas.

Hasta ahora ha habido cuatro buenos oficiantes, todos caribeños: Alister McIntyre, de Grenada; Oliver Jackman, de Barbados (murió en 2007), Norman Girvan, de Jamaica, que asumió en 2010 y falleció el 9 de abril de 2014, y Dag Halvor Nylander, de Noruega, quien asumió la responsabilidad en 2017, año que Ban dio de plazo para evaluar si el mecanismo arrojaba resultados y seguía siendo idóneo para resolver el diferendo.

Gutierres decidió que la controversia pase a la Corte Internacional de Justicia pero dejó abierta la posibilidad de que el mecanismo continúe al afirmar en el comunicado del 30 de enero que Guyana y Venezuela “podrían beneficiarse de continuidad en los buenos oficios de la Organización de las Naciones Unidas mediante un proceso complementario establecido sobre la base de las facultades del Secretario General en la Carta de las Naciones Unidas”.

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El Gobierno de Venezuela bajo la presión de Occidente

El Gobierno de Venezuela bajo la presión de Occidente

El Gobierno de Venezuela está bajo una fuerte presión internacional por su andar cada vez más reñido con las prácticas de la democracia occidental, que se comprometió a cumplir al ser parte de la Carta Democrática Interamericana. El paso de los días y el accionar de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente serán determinantes para ver si terminar por aislarse y comenzar a sentir sanciones internacionales que buscan que negocie con la oposición el restablecimiento del orden constitucional.

Lo que antes eran sospechas ahora son certezas. Desde hace 18 años la autodenominada revolución bolivariana debió enfrentarse a un cuestionamiento cada vez mayor por su manera de entender y concretar la democracia.

Los más de 120 días de protestas vividas en todo el país desde finales de marzo de 2017 terminaron por confirmar lo que para muchos eran un secreto a voces: el chavismo y, en especial, el actual Ejecutivo de Venezuela no respetan los valores democráticos.

Las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia que cercenaban competencias clave de la Asamblea Nacional y eliminaban la inmunidad parlamentaria, la denuncia de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de que ellas rompían el orden constitucional y la decisión presidencial del primero de mayo de convocar a una constituyente sin consultar a los venezolanos  dieron al mundo la razón y comenzaron a producirse pronunciamentos que llamaban a instaurar la democracia y buscar una salida negociada a una crisis que es política, económica, social y humanitaria.

El miedo de algunos integrantes de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom, según sus siglas en inglés) a una división del esquema por las diferencias sobre Venezuela y el accionar diplomático del Gobierno de Nicolás Maduro impidieron que desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se activaran mecanismos para allanar el camino a la búsqueda de vías para solventar la crisis.

La elección de la constituyente, el 30 de julio, ignorando los llamados regionales y desde  Europa para evitarla, se tradujo en un rechazo de grandes proporciones: cerca de 40 países –los 28 que integran por ahora la Unión Europea y más de 12 de América- dijeron que la desconocían, lo que implicaba que harán lo propio con cada una de sus acciones.

Estados Unidos reiteró que aplicaría las sanciones económicas que prometió por la celebración de la constituyente, algo que todavía no ha ocurrido. El Departamento del Tesoro ha aumentado las sanciones individuales a personajes clave del chavismo como el hermano del presidente Hugo Chávez, Adán Chávez, y el exgobernador de Carabobo Francisco Ameliach. México, Colombia y Panamá aseguraron que se unirían a cualquier acción de Washington.

En paralelo, reiteraron su reconocimiento al Parlamento y diplomáticos acreditados en Caracas comenzaron a acompañar las sesiones del Congreso para evitar un desalojo violento que sigue latente o cualquier ataque similar al ocurrido el 5 de julio cuando grupos chavistas entraron al Palacio Federal Legislativo y resultado heridos varios diputados opositores.

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Cancilleres presentes en reunión que dio origen a la Declaración de Lima. Cortesía MRE Perú

Dieciséis países del continente, de 34 que integran la OEA, se reunieron el 8 de agosto en Perú para analizar la situación en Venezuela y vías para ayudar a los ciudadanos. Doce de ellos –los caribeños se abstuvieron para evitar fracturas en Caricom- aprobaron la Declaración de Lima, en la que reiteran el desconocimiento a la constituyente y que solo reconocerán los actos jurídicos que, necesitando la aprobación de la AN, la tengan expresamente.

Los países fundadores del Mercado Común del Sur (Mercosur) decidieron aplicar a Venezuela el Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático y suspenderle de manera indefinida de todos sus derechos y deberes por la ruptura del orden constitucional ocurrido en ese país.

“Más allá de la sanción política y moral, hay otras consecuencias en el plano económico. Se trata de lo dispuesto en el punto 4 de la declaración final: ´Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado’. Esto quiere decir que todos los grandes contratos, empréstitos, y otras operaciones financieras que requieren de la aprobación del parlamento serán desconocidos con todas las implicaciones que ello acarrea. En otras palabras, al ser operaciones no reconocidas corren el riesgo de no cobrar. Suspendido del Mercosur, el siguiente paso sería la aplicación de las sanciones contempladas en la Carta Democrática Interamericana. Todo parece indicar que vendrán acciones más duras de los  gobiernos que suscribieron la Declaración de Lima. Algunas de carácter político como el retiro de embajadores;  la ruptura de relaciones diplomáticas; la remisión de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos a la Corte Penal Internacional; la decisión de no apoyar candidaturas venezolanas a los organismos internacionales; la aplicación del Tratado sobre Comercio de Armas con vistas a detener la transferencia de armas hacia Venezuela, entre otras”, advirtió el exdiplomático Edmundo González Urrutia.

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Rueda de prensa tras Declaración de Lima. Cortesía MRE Perú

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha expresado constantemente su preocupación por la situación de los presos políticos y de los derechos humanos en el país suramericano.

Desde Estados Unidos siguieron las presiones. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en agosto que su Gobierno analizaba todas las salidas para ayudar a solucionar la crisis e Caracas, incluso la militar. Esto último dio aire al Ejecutivo de Maduro, que lo repudió con vehemencia. y generó un rechazo regional.

“La amenaza de Trump puede tener dos vertientes. Pudo ser una reacción debidamente evaluada y presentada desde el Departamento de Estado como una advertencia para la intimidación que se suma a las sanciones unilaterales a funcionarios del gobierno Maduro o el resultado de una declaración espontánea no evaluada. El presidente de Estados Unidos emite declaraciones que muchas veces comprometen su Administración por sus consecuencias. El gobierno usa como bandera la opción militar enunciada para reiterar la supuesta amenaza que se cierne sobre Venezuela y esto lo favorece pero, contrariamente a lo que esperaba de los sectores que se le oponen, el régimen ha encontrado una reacción  crítica en el mismo sentido. Desde la MUD hasta el cardenal Jorge Urosa han criticado la opción  referida desde la casa blanca. Rechazamos cualquier opción de fuerza tanto para intervenir en la  aguda crisis política y económica que padece la nación. El uso de la intervención unilateral es contrario al derecho internacional y sería una intromisión que contribuiría a generar un mayor sufrimiento al  que ya padece al pueblo venezolano”, explicó el exdiplomático Óscar Hernández Bernalette.

“Trump afirmó: ‘La opción militar no puede descartarse’ y diría más ‘la opción militar NO DEBE descartarse’. El régimen de Maduro ha desobedecido todas las recomendaciones internacionales y ha agravado los problemas económicos, sociales, éticos, democráticos, haciendo de Venezuela un riesgo para la seguridad hemisférica. Miles de venezolanos atraviesan las fronteras, el riesgo de focos terroristas es grave, etc. de manera que los militares latinoamericanos no deben estar excluidos del análisis de la situación. Mecanismos multilaterales como la Reunión de Ministros de Defensa de la OEA, o el traer el tema en el Consejo de Seguridad, no deben descartarse.”, señaló el exdiplomatico Milos Alcalay.

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El presidente del Estados Unidos, Donald Trump. Cortesía @RealDonaldTrump

“La salida militar implica un abanico de posibilidades, desde actividades con drones hasta la presencia de soldados. Puede ser unilateral de Estados Unidos o multilateral, con o sin involucramiento de la ONU. Es indeseable, posible y evitable. El punto es que ha favorecido la alharaca del gobierno, pero quizás también sus miedos; activa alarmas y agrega volumen a las ya actividades tanto por la situación misma como por su evolución y por dinamizar opciones distintas”, explicó la exdiplomática Rosario Orellana.

“Claro que es posible una acción  militar de Estados Unidos en Venezuela. Es la potencia militar más poderosa de la tierra y lo podría hacer. Pero no sería lo más conveniente para los venezolanos y la causa de reinstaurar la democracia y las libertades. Sería muy traumático y tendría la condena de la comunidad internacional y hemisférica. Las fuerzas democráticas venezolanas están contra cualquier intervención extranjera ilegal en sus asuntos internos. La amenaza de Trump beneficia a la tiranía de Maduro, pues le permite levantar su discurso de siempre: antiimperialista, de autovictimización. Una medida unilateral divide el frente internacional que está a  favor de las fuerzas democráticas en Venezuela y en la búsqueda de una solución negociada. La amenaza va contra normas y principios establecidos en la estructura jurídica internacional que obliga a agotar todos los medios pacíficos y, en caso de medidas drásticas, a tomarlas de manera multilateral, verbigracia, en el Consejo de Seguridad de la ONU”, comentó el profesor Emilio Nouel, experto en asuntos internacionales.

Las palabras del mandatario norteamericano antecedieron la gira del vicepresidente Mike Pence por Colombia, Argentina, Chile y Panamá. Fue una semana por la región en la que habló en público y en privado sobre Venezuela y la necesidad de hallar caminos para evitar que sea un Estado fallido que afecte a la región. “Los niños venezolanos están muriendo de hambre. Venezuela está cayendo en la dictadura y, como dijo el presidente Trump, Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados; el pueblo venezolano está sufriendo y muriendo; lo vi en Colombia donde me reuní con refugiados que están viviendo en Colombia”, dijo el 17 de agosto desde Chile.

“El viaje de Pence, aunque no es solo por Venezuela, tendrá impacto porque será para reafirmar las advertencias de Trump y a mantener el caso sobre la mesa. Será una fuerte presión para Gobierno venezolano. Los gobiernos de la región le corroborarán que no están de acuerdo con la posición de Trump”, indicó Nouel.

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El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en Colombia, con el presidente Juan Manuel Santos. Cortesía @VP

“La gira, por su elevada jerarquía, transmite la atención y determinación de la Administración Trump al caso Venezuela.  Sus repercusiones trascienden los países visitados e, incluso, a la región. Pone a pensar a países indiferentes o que apoyan al régimen venezolano, al que quizás estimule a aparentar que acelera la huida hacia adelante que le ha procurado ventajas internas pero que ahora, con la comunidad internacional más activa y decidida, probablemente lo acerque al precipicio. Me ha parecido explícito que Venezuela es el tema fundamental de la gira. Un primer propósito sería informativo. Está confirmando directa y personalmente, aspectos de la realidad en Venezuela largo tiempo sospechados y mencionados que afectan los intereses de cada país y la estabilidad de la región, Está procurando algo más que apoyos declarativos, está resaltando la dimensión extra regional del tema y está notificando hasta dónde está Estados Unidos dispuesto a llegar. Nótese, por ejemplo, que en Argentina felicitó por la posición adoptada pero indicó que los países de la región pueden hacer más y también dijo que con el apoyo de los aliados de la región y de los países del mundo podría encontrarse una salida pacífica”, indicó Orellana.

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El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, durante su rueda de prensa en Buenos Aires con el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Cortesía @VP

“Pence debe presentar una visión apegada al Derecho Internacional, insistir en una vía multilateral y comprometer a los 12 países en una acción acordada por todos”, expresó Alcalay.

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Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, durante su encuentro con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Cortesía @VP

“En todo el recorrido de Pence, el tema Venezuela no estuvo ausente, como tampoco estará ausente en la OEA, o Mercosur, o Unión Europea, o en las Cancillerías de mundo. Además, Estados Unidos ha anunciado que se sumará a apoyar la excelente y lúcida Declaración de Lima, aprobada por los 12  países latinoamericanos más destacados”, indicó Nouel.

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El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, junto con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Cortesía Twitter @VP

“Pence buscó apoyo entre países aliados, especialmente Colombia, el más se afecta de la  crisis venezolana.  Pence  también diluye los daños colaterales del  pronunciamiento Trump. Es mucho más cauto y prudente. No  ha  mencionado   la   opción  militar   pero sí  ha  confirmado que Estados Unidos no permitirá mayor deterioro y violación de los Derechos Humanos del gobierno  de  Maduro. Afirmo ante un grupo de venezolanos en Cartagena: ‘Estamos absolutamente convencidos de usar el poder económico y diplomático para restaurar la democracia en Venezuela’”, dijo Hernández Bernalette.

Culminada la gira, visitará Colombia los primeros días de septiembre. Bajo su supervisión se instaló a finales de 2016 en Caracas un diálogo entre gobierno y oposición que terminó en un acuerdo que el oficialismo no honró y en el que las partes se comprometían a respetarse, a que el Parlamento saliera del desacato en el que estaba y que el Poder Ejecutivo aceptaría sus decisiones, a abrir un canal humanitario, resolver la situación de los tres diputados de Amazonas cuya proclamación se hizo pero se anuló por una demanda del chavismo que todavía no tiene sentencia, y establecer un cronograma electoral. El Vaticano pidió a principios de agosto no instalar la constituyente.

“El viaje del Papa no tiene que ver con el caso venezolano. Aunque de seguro hablará sobre nuestra situación”, dijo Nouel.

“Colombia ha logrado convertirse en uno de los interlocutores privilegiados a escala mundial. Ese era precisamente el papel que tenía la Venezuela democrática, cuando los más destacados Mandatarios visitaban a Venezuela. Hoy los eternos visitantes son Castro, Evo Morales, y los Países del Alba, pero saltan a la capital venezolana los demócratas del mundo”, expresó Alcalay.

“Para Colombia es muy importante el apoyo de Estados Unidos y lo ha asumido sin complejos. La condición de país fronterizo con Venezuela, con el agravante de la declaración sobre la presencia de Hezbolá y el empeño del presidente Juan Manuel Santos en neutralizar la actividad bélica, subversiva y de narcotráfico de las FARC y del ELN son factores que impulsan a Colombia a jugar con respecto a Venezuela cerca de Estados Unidos. De hecho, Santos ya anunció la aplicación de medidas equivalentes a las decididas por Washingto. No sé desde cuándo está prevista la visita del Papa a Colombia pero el caso Venezuela será considerado y muy probablemente el Papa se refiera a Caracas desde la localidad más cercana a la frontera”, expresó Orellana.

Mientras desde Europa y América se mantiene los comunicados que evidencian que siguen de cerca lo que sucede en Venezuela y que están dispuestos a acciones que lleven a una negociación como punto de partida para acabar con la crisis.

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Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, durante una rueda de prensa. Cortesía MRE Venezuela

Presión internacional puede aislar y radicalizar más al Gobierno de Venezuela, aseguran expertos

Presión internacional puede aislar y radicalizar más al Gobierno de Venezuela, aseguran expertos
La presión internacional sobre el Gobierno de Venezuela ha aumentado en julio. Países de América y de Europa centran sus peticiones en suspender la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para haya un diálogo con la oposición que, en un plazo breve, arroje resultados concretos –elecciones incluidas- que lleven a superar la crisis del país suramericano. Expertos aseguran que este cerco puede llevar al Ejecutivo de Nicolás Maduro a aislarse y a radicalizarse más.
La consulta popular convocada por la Asamblea Nacional y celebrada el 16 de julio potenció las críticas que desde abril comenzaron a formularse hacia el Poder Ejecutivo venezolano. El acto se organizó con 15 días de anticipación, sin el respaldo del Poder Electoral y con la presión oficial para evitar que se conociera su alcance e importancia.
Más de 7,5 millones de venezolanos participaron dentro y fuera del país. De ellos más de 7 millones rechazaron la constituyente, exigieron a la Fuerza Armada Nacional cumplir la Constitución y el establecimiento de un gobierno de unidad nacional. Diversas fuentes afirmaron que la expectativa era que intervinieran más de 5 millones.
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Imagen de un centro de votación durante la consulta popular del 16 de julio. Cortesía Instagram Unidad Venezuela
Las cancillerías de países como México, Canadá, Argentina, Brasil, Honduras, Paraguay, Costa Rica y Estados Unidos, los presidentes Panamá, Juan Carlos Varela, de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, la Unión Europea (UE), Alemania y hasta el presidente del Europarlamento, Antonio Tanjani, alabaron la participación popular y solicitaron escuchar y respetar la exigencia de suspender la constituyente.
El Gobierno de Venezuela tenía dos opciones: reconocer lo ocurrido y buscar salidas o radicalizarse en su trinchera. Optó por lo segundo al asegurar que la consulta popular era ilegal, a pesar de que está prevista en el artículo 71 de la Constitución, la llamó consulta interna de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) e insistió en que la constituyente era la vía para la paz.
“Eso fue una operación de propaganda que busca generar un efecto inmediato en la comunidad internacional. El plebiscito fue un acto fallido porque jamás sabremos cuántas personas en realidad votaron”, denunció el canciller de Venezuela, Samuel Moncada, el 17 de julio, a la vez que acusó a los medios internacionales de obviar el simulacro de votación para la constituyente.
Esta acción generó otra reacción. A la alta representante de la política exterior de la UE, Federica Mongherini, le consultaron sobre la posibilidad de sanciones y dijo que se estudiaban. Esto le valió insultos de Maduro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un paso más allá y amenazó al Gobierno de Caracas con penas económicas si no detenía la constituyente. La respuesta fueron insultos y el comienzo de una campaña de defensa del país.
La Cancillería de Venezuela emitió un comunicado en el que rechazó las amenazas de Washington, pidió a los pueblos de América Latina solidaridad y anunció una nueva revisión de las relaciones con la principal potencia mundial.
“Ahora la constituyente será para la paz y para la defensa de la soberanía”, afirmó Maduro el 18 de julio en rueda de prensa en la que denunció una campaña contra Venezuela, a la que se sumaron, dijo, países como Argentina, Brasil, Colombia y España.
El mandatario de Venezuela convocó el primero de mayo a una constituyente en respuesta al mes de protestas contra la ruptura del orden constitucional que, a juicio de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, produjeron las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia. En las bases electorales no se estableció una consulta previa a la gente, como sí ocurrió en 1999, para preguntarle si estaba de acuerdo con la propuesta.
El artículo 347 de la Constitución de Venezuela establece que el pueblo, como “depositario del poder constituyente originario”, es el único que puede convocar a una constituyente para “transformar el Estado, crear un nuevo orden jurídico y redactar una nueva Constitución”.
El artículo 348 dice que el presidente de la República, la Asamblea Nacional, dos tercios de los consejos municipales o 15 % del electorado inscrito tienen la iniciativa o facultad de proponerla. Expertos afirman estos actores pueden plantearla pero solo la puede convocar el pueblo mediante un referéndum.
El Gobierno ha desatado a través de embajadas una campaña para defender la constituyente y denunciar la amenaza de Estados Unidos de aplicar sanciones económicas.
Moncada se reunió con el 21 de julio con la jefa de Gabinete del secretario general de la ONU, António Guterres, y denunció las amenazas contra el país. Tres días después aseguró que Washington viola las Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) –organismo del que saldrá en dos años- y de la organización mundial “al amenazar a los países para golpear las democracias de la región”.
El funcionario extendió la denuncia ante 67 embajadores de lo más de 100 países que integran el Movimiento de los Países No Alineados, el cual preside la propia Venezuela.
Acusó el 24 de julio a Colombia y México de participar junto con Estados Unidos en un intento por derrocar al Gobierno de Caracas. Tanto Bogotá como Ciudad de México lo negaron.
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En el continente continúan las presiones.  El secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó un tercer informe sobre la crisis venezolana en el que habla de los riesgos de la constituyente.
Mercosur instó en un comunicado al restablecimiento del orden constitucional en Venezuela, el cese de la violencia, la liberación de los presos políticos, la separación de poderes, el evitar “iniciativas que puedan dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar  conflictos institucionales” y  a un diálogo.
Un grupo de 17 países solicitó ante la OEA una reunión del Consejo Permanente para el 26 de julio para volver a abordar la crisis en el país suramericano.
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Consejo Permanente de la OEA del 26 de julio. Cortesía OEA.
Se celebró el 26 de julio en Washington. No hubo consenso sobre un texto en el que se proponía solicitar a Caracas suspender la convocatoria a elecciones para seleccionar a los miembros de la constituyente. Se leyó un comunicado de 13 países.
En la mayoría de los discursos de los representantes de los 34 Estados miembro sí hubo una constante: la preocupación por la crisis y la necesidad de un diálogo verdadero que permita hallar una salida.
Quedó clara, también, la división de la organización hemisférica en tres bloques: uno, que desea colaborar para impulsar un diálogo; otro, en el que está un Caricom dividido entre los que no quieren intervenir y otros que se acercan más al primer grupo, y el último bloque, que apoya al Gobierno de Venezuela.
Este panorama muchas interrogantes sobre hacia adónde apunta esta presión internacional y sus posibles consecuencias. Ellas las responden los profesores Leopoldo Colmenares y Emilio Nouel, el historiador Nahem Reyes y los exdiplomáticos venezolanos Óscar Hernández Bernalette, y Edmundo González Urrutia.
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El secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cortesía Twitter OEA
¿Cómo interpretar las reacciones internacionales ante los resultados de la consulta popular?
Óscar Hernández Bernalette: “Parte de la comunidad internacional responde con un llamado de atención  y alerta al Gobierno sobre las consecuencias para el país y la escalada conflictiva que puede ampliarse si no se retira el llamado a la constituyente. Los gobiernos democráticos de la región, países europeos y organismos internacionales han cuestionado   la violación constante, sistemática y generalizada de los derechos humanos y la violencia del aparato del Estado durante este período de protestas continuas”.
Leopoldo Colmenares: “Las reacciones de algunos gobiernos ante el resultado del plebiscito son una continuación de las posturas que en los últimos meses han tenido en cuanto a apoyar a la oposición en el país, esto es a la restitución de la democracia y el Estado de derecho. La gran participación popular dentro del país, y la gran difusión dada por los medios de comunicación a las manifestaciones de cientos de miles de venezolanos en el exterior y, en particular, en España, Estados Unidos y América Latina, le dan a esos gobiernos un argumento más a las políticas que ya venían ejecutando en Venezuela”.
Emilio Nouel: “Todas las reacciones internacionales han sido acordes con la envergadura e implicaciones de la consulta popular. En su mayoría, han sido positivas y la consulta reconocida y bien evaluada. No solo la participación numérica ha impactado fuera del país, también su efecto político interno e internacional la convierte en un acontecimiento sin parangón. La reacción no podía ser otra, habida cuenta de que la comunidad internacional estaba antes muy sensibilizada sobre nuestra crisis”.
Nahem Reyes: “La mayoría de los países latinoamericanos, Estados Unidos y Europa han insistido en la necesidad de realizar inmediatamente una elección general para que Venezuela tenga un nuevo gobierno de modo que retorne con ello la paz y se estabilice la región. Para nadie es un secreto que Venezuela es un Estado fallido con un gobierno forajido que genera perturbación y notables alteraciones a la seguridad hemisférica. Este plebiscito dio muestras cuantitativas y sólidas de que la mayoría del pueblo venezolano no acompaña esa propuesta oficialista e inútil de una nueva Constitución y menos en los términos que pretende Maduro imponerla”.
¿Qué buscan estas reacciones internacionales?
Emilio Nouel: Persiguen que el Gobierno doble el brazo y se avenga a una negociación que abra el camino a una solución política negociada a la brevedad. Un gobierno de transición o de unidad nacional es lo que se buscaría, realizando incluso elecciones anticipadas. Las presiones exteriores se han incrementado y conversaciones ‘informales’ se siguen produciendo entre actores importantes del mundo. Hay la propuesta de crear un grupo de gobiernos de países que sirva de garante o mediador en una solución pronta”.
Leopoldo Colmenares: “Las reacciones de los gobiernos, que casi a coro han solicitado a Maduro el retiro de la constituyente, tiene por objeto estabilizar la situación del país en la búsqueda de una situación consensuada gobierno-oposición, esto es negociaciones, en las cuales alguno de estos países podría participar como garante o mediador. Si bien las naciones que se han manifestado a favor de la estabilización del país en su mayoría invocan valores mayores como la restitución de la democracia y el respeto de los derechos humanos como sus principales banderas, están muy preocupados por las consecuencias que la exacerbación de la violencia y profundización de la crisis económica tendrían sobre algunos de ellos, en particular de las tremendas olas de emigración que se desatarían sobre Colombia, Brasil, islas del Caribe y Estados Unidos”.
Óscar Hernández Bernalette: “Lo que se busca es que el Gobierno reaccione y entienda que puede llevar al país a un mayor caos y hasta una guerra civil si no se retoma el hilo constitucional y se cumple con los mandatos de la Constitución y especialmente lo que se refiere a la necesidad de elecciones  constitucionales”.
Nahem Reyes: “Todas estas reacciones son conducentes a dos aspectos muy puntuales: darle mayor reconocimiento y respaldo a la oposición venezolana y adicionalmente actúan como un poderoso factor aislacionista al Gobierno de Maduro, que cada vez tiene menor capacidad de maniobra en el escenario internacional y en el sistema financiero mundial”.
¿Cuáles podrían ser los actores internacionales clave en esta crisis venezolana?
Leopoldo Colmenares: Colombia, Brasil, México, Argentina y Perú, por medios diplómaticos serían, en principio, las naciones que podrían resultar clave en la resolución pacífica del conflicto, en caso de que se arme algún ‘grupo de amigos’, pero el Gobierno de Maduro pediría que alguno de sus más cercanos, como República Dominicana o Nicaragua se incorporen. Sí es relevante observar que Venezuela se encuentra cada vez más aislada y son pocos los países que se decantarían a favor de Maduro. La actuación de Estados Unidos es clave en el sentido de que su presión sobre el gobierno por medios coercitivos lo llevará a tomar acciones, como la activación del Consejo de Defensa de la Nación y la aplicación de una ofensiva diplómatica. La actuación de Estados Unidos, dependiendo del tipo de sanciones que aplique al Gobierno venezolano, tendrán efectos sobre los diversos grupos que conforman el Ejecutivo ¿Cómo reaccionará el grupo militar? ¿Cómo lo harán grupos más ligados al narcotráfico? ¿Cómo los menos comprometidos con violaciones de derechos humanos y corrupción? Eso es indeterminado y habrá que esperar.
Emilio Nouel: “Los actores claves son Estados Unidos, China, Rusia, El Vaticano, la UE, Cuba e incluso países como Brasil y Colombia. Aunque estos difícilmente sean los mediadores, pues han tomado partido. No se descartan países europeos”.
Óscar Hernández Bernalette: “Los actores claves, y que pueden jugar un papel constructivo y protagónico como parte del engranaje internacional que se afecta por la situación de crisis son: Estados Unidos, Colombia, Brasil, México, la UE, especialmente, España, Francia y el Reino Unido. Están China y Rusia, actores claves y Cuba como parte interesada en nombre del Gobierno Maduro y organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la OEA. El Vaticano, además, como garante de cualquier proceso de negociación”.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la presión internacional?
Leopoldo Colmenares: “Es lógico que el Gobierno busque apoyos en el exterior, más allá del continente americano, y allí es donde podrían intervenir –pero no tan directamente- Rusia y China, que tienen intereses económicos en el país. Esto complicaría más la situación y alargaría más la solución del conflicto. También está el viejo truco de intentar cohesionar al país en contra del enemigo externo, Estados Unidos, quienes se habían abstenido de intervenir más activamente en el país por la fuerte antipatía que a nivel mundial causan tales intervenciones. Esto es un elemento que siempre tienen presente casi todos los asesores en la política internacional de Estados Unidos”.
Nahem Reyes: “Creo que la OEA -y su secretario general- sigue siendo una institución clave en ese proceso de aislamiento del Gobierno de Maduro, actuando como una poderosa tenaza que presiona a Miraflores. La Casa Blanca y sobre todo el Senado estadounidense están prepararando el terreno para masivas sanciones no al país, sino directa y puntualmente a los actores del Gobierno venezolano involucrados en crímenes, con vinculaciones con organizaciones o células terroristas del Medio Oriente y crímenes contra la población civil. Esto genera un daño grande pues le resta capacidad de movimiento a estos funcionarios, tanto civiles como militares”.
Emilio Nouel: “Esperamos que obliguen al gobierno militar-civico de Maduro a negociar su salida pacíficamente, renunciando a la constituyente, reconociendo a la AN, permitiendo elecciones, liberando a los presos politicos. La MUD ha planteado un compromiso de gobernabilidad que podría ser la base para una salida negociada, que permitiría a los chavistas que no tienen deudas con la justicia en materias de corrupción, narcotráfico y violacion de derechos humanos a seguir actuando en la política nacional”.
Edmundo González Urrutia: “La presión internacional es clave. Ya no se trata exclusivamente de denunciar las arbitrariedades y condenar las violaciones de los derechos humanos. Ante las amenazas que se ciernen sobre la democracia  venezolana si se instala la constituyente es tiempo de que se exploren otras acciones más contundentes como sería la aplicación selective de sanciones a los responsables de las violaciones a los derechos humanos”.
 Óscar Hernández Bernalette: “Las consecuencias de las reacciones internacionales pueden tener dos escenarios. A la opción de sanciones de Estados Unidos y la UE, una mayor conflictividad del gobierno que se puede atrincherar en la noción de la agresión del imperialismo.  Lo correcto es que se evalué en su justa dimensión el mensaje que le envían muchos gobiernos y que actué en consecuencia de manera constructiva. La comunidad internacional no ha pedido a Maduro que claudique, ni renuncie ni se entregue. Tampoco le da un cheque en blanco a la oposición. Le están recomiendan que retome el hilo constitucional y retire la propuesta de constituyente que puede ser una herramienta para coartar mayores libertades, destruir la democracia representativa y generar una escala conflictiva mayor. Países vecinos pueden ser víctimas de la escalada de violencia. Brasil y Colombia reconocen las consecuencias de una crisis humanitarias en términos de refugiados, asilados y emigrantes. Estados Unidos se ha convertido en el principal receptor de emigrantes venezolanos. Las sanciones económicas globales poco ayudarían pues no hay garantías de que funcionen y lo más sensato sería que Maduro aprovechara las alertas de la diplomacia preventiva, retirara la constituyente e iniciara un proceso de negociación entre las dos partes a la brevedad posible”.
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Acciones unilaterales contra Venezuela se abren paso ante la falta de consenso en la OEA, dicen expertos

Acciones unilaterales contra Venezuela se abren paso ante la falta de consenso en la OEA, dicen expertos

Los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) volvieron a fallar al tratar de aprobar una nueva resolución sobre la crisis en Venezuela. Lo ocurrido no es definitivo. Expertos aseguraron que el tema sigue vivo, lo que abre la posibilidad a nuevas negociaciones multilaterales y, en paralelo, a la aplicación de acciones unilaterales hacia el Gobierno de Caracas, a fin de tratar de que se restablezca el hilo constitucional y se instale un diálogo real para hallar caminos para solventar la actual situación en el país suramericano.

La situación del 31 de mayo se repitió el 19 de junio. El escenario fue distinto. Lo primero ocurrió en Washington,  lo segundo, el Cancún, México, pero el resultado fue el mismo. No se alcanzaron los votos necesarios para aprobar una resolución sobre Venezuela. En mayo se lograron atar 14, en junio se sumaron 20.

Un reportaje del diario El País, de España, dejó ver que se contaba con el apoyo del Caribe, díscolo en Washington, pero que el accionar diplomático de la entonces canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, y sus más de 20 funcionarios lograron que países como  San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Dominica votaron en contra, mientras Trinidad y Tobago, Granada, Haití, Suriname y Antiguna  y Barbuda se abstuvieran.

El trabajo fuerte de Rodríguez fue en el Caribe no hispanolparlante, que son 14 miembros de la OEA y representan 41 % de los sufragios de esa organización.

  • Antigua y Barbuda
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belize (también centroamericano)
  • Dominica
  • Granada
  • Guyana
  • Haití
  • Jamaica
  • San Cristóbal y Nieves
  • Santa Lucía
  • San Vicente y las Granadinas
  • Suriman
  • Trinidad y Tobago.

Caricom la integran esos 14 países más la isla de Montserrat. De ellos, seis (Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y la Granadinas, Granada, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) son parte de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), propuesta impulsada por Venezuela para oponerse al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Once de los 15 miembros de Caricom (Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Surinam) también son parte de Petrocaribe, acuerdo para venderles petróleo a crédito, con ventajas y que parte de la deuda se paga con bienes y servicios. Solo dos de los caribeños de la OEA no se benefician de este esquema: Trinidad y Tobago y Barbados.

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Bilateralismo. Carlos Luna, politólogo y analista internacional, dijo que hay elementos positivos a destacar en la votación, como que se haya elevado a 20 el número de países que apoyaba la resolución que incluía un llamado a detener la asamblea nacional constituyente propuesta por el Gobierno Nacional y que se haya restado votos al bloque de los países Alba. “Esa especie de cordón sanitario o de segurdad del Caribe creado por Hugo Chávez se quebró, ya no es monolítico; se produjeron fracturas, países como Ecuador, que antes apoyaban ciégamente al Ejecutivo, se abstuvieron; eso es un mensaje”, agregó.

Aclaró que las islas caribeñas más pequeñas son las que se mantienen cercanas a Venezuela. “Todas tienen problemas de gobernabilidad, son paraísos fiscales y han recibido muchas ayudas y recursos para mejorar su infraesctructura, eso explica un poco su voto”, señaló.

Rechazó que lo ocurrido en la reunión de cancilleres haya sido una victoria para el Gobierno de Nicolás Maduro. “Si ves en 2005-2006 el chavismo tenía un bloque de aliados monolítico que no es tal, la pérdida de apoyos no puede calificarse de triunfo”, expresó.

Alertó que la reunión de cancilleres no ha terminado y que pudiera darse nuevamente, después de una negociación más profunda. Acotó que también es posible que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, realice una tercera actualización del informe sobre Venezuela.

Aseveró que la falta de consenso abre las puertas a acciones bilaterales que apliquen a Caracas como mecanismo de presión para lograr cambios o buscar un diálogo efectivo. “Brasil suspendió la venta de material militar a Venezuela; eso es una muestra. Pueden restringirse ayudas y créditos. Creo que buscarán de forma individual que la participación hemisférica del país sea precaria para que se cumplan las reglas del juego y se acepte la mediación del grupo de países amigos”, comentó.

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Opción. El exembajador Enrique Ter Horst calificó de “muy malo” el balance para el país de la reunión de cancilleres de la OEA. “La organización no es el centro del mundo, aunque sigue siendo el foro para una solución negociada y también para salidas impuestas. Lo importante es que Venezuela sigue en la agenda de la OEA”, indicó.

Afirmó que, desde una perspectiva de corto plazo, lo ocurrido “para el ala dura” del Gobierno puede interpretarse “como una victoria pírrica que le hace más vulnerable”. “Le da un portazo a la negociación multilateral y busca un entendimiento directo con Estados Unidos, cuando en paralelo la convocatoria a la constituyente comienza a resquebrajar al gobierno”, agregó.

Dejó ver que puede haber una nueva propuesta de resolución sobre Venezuela “que será más dura y tendrá mejores posibilidades de lograr y sobrepasar los dos tercios necesarios”.

“Todo proceso de la Carta Democrática Interamericana es de presión incremental y se comienza a jugar, además del destino del país, la credibilidad del sistema interamericano, de la democracia en América Latina y, finalmente, de la paz y la estabilidad en la región. Eso es lo que está en juego y para los 14 países (de la OEA) que propulsan una solución duradera que ataque el problema de raíz, lo México fue un percance, nada más”, precisó.

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Vinotinto. El internacionalista Eloy Torres destacó de la reuión de cancilleres que, más allá del resultado, queda claro que Venezuela es un tema de preocupación regional y global y que cambió la complacencia hemisférica con el Gobierno de Maduro.

Advirtió que la gran preocupación es por el respeto a los derechos humanos. “Esto no se puede calificar de injerencia”, agregó.

Afirmó que no se puede esperar más de la comunidad hemisférica e internacional, aunque coincidió en que ahora varios países pueden aplicar decisiones unilaterales contra Venezuela. “Se tomarán por la torpeza del Gobierno de querer parecer un carrito chocón. Habrá críticas y presión, como parte de la solidaridad regional para buscar una salida que solamente hallarán los propios venezolanos”, expresó.

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Enfrentamiento. El exembajador Edmundo González aseguró que el resultado de la reunión de consulta de cancilleres de la OEA demuestra que en la región hay dos bloques enfrentados. “Uno de ellos, que representa un clara mayoría, apostaba por aprobar esa declaración. Solo cinco aliados incondicionales del régimen votaron contra, pero la abstención de ocho países impidió que se completaran los dos tercios”, explicó.

Aseveró que la “diplomacia multilateral quedó afectada” por lo ocurrido. “No se trataba de encontrar afuera una solución a los problemas que corresponde resolver a los venezolanos, pero si merecía que los gobiernos democráticos del hemisferio asumieran con sinceridad los principios y valores que sustentan a la organización”, agregó.

Recordó, como Luna, quedó abierta la posibilidad de una nueva reunión de consulta de cancilleres. “La frustración, impotencia y decepción no pueden amilanarnos a seguir adelante en la búsqueda de una solución a la grave crisis que padecemos (…) La democracia se construye permanentemente, días tras día”, apuntó.

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Opción. El exembajador Óscar Hernández dijo que es errado pensar que el resultado de la reunión de consultas fue un fracaso. “El Gobierno logró hacer poca mella en la región. En el multilateralismo no es fácil el consenso. La mayoría de los países entiende la crisis de Venezuela, que tiene un Estado débil y un grupo aferrado al poder. No hay que olvidar que en Caricom hay identidades ideológicas con el Ejecutivo de Maduro, además de complicidades y deudas por ayudas que ha dado Caracas”, indicó.

Negó que el Gobierno de Venezuela haya obtenido una victoria. “Al contrario. Hubo intervenciones duras sobre el país, lo que convirtió el espacio como lugar de denuncia de lo que aquí pasa. Esto no es un triunfo”, aclaró.

Destacó como importante las abstenciones de El Salvador y Ecuador, dos países que, dijo, se caracterizaban por votar por a favor de Venezuela de forma automática por razones ideológicas. “También es clave ver cómo la diplomacia nacional quedó mal parada, con una canciller muy agresiva, usando muchos lugares comunes, tratando de esconder lo que sucede. Otro dato es la división de Caricom, ya no es el bloque a favor del país que antes era”, agregó.

Aseguró que la presión regional se mantendrá. “Estados Unidos, Canadá y México marcan la pauta sobre un tema que sigue vivo, porque quedó abierta la posibilidad de seguir discutiendo el tema. Las opciones que quedan son las que se puedan seguir dando en la OEA, la posiiblidad de nuevos acuerdos, la denuncia de Almagro sobre lo que sucede, el alerta de los países que tienen frontera con Venezuela por los efectivos negativos que la crisis puede tener en ellos”, indicó.

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Grupo. La internacionalista María Teresa Romero dijo que el gran resultado es que la región sigue dividida sobre el caso venezolano. “Esto es difícil de resolver porque no se ha logrado puentes diplomáticos entre un grupo y otro, lo que impide el acuerdo, no sobre una resolución, sino para tratar de presionar y establecer una agenda de acción conjunta para lograr que Venezuela vuelva al rumbo democrático”, agregó.

Adelantó que una de las mejores salidas sería el estalecimiento de un grupo de amigos que medien entre el Gobierno y la oposición venezolana, como ocurrió con el grupo que ayudó a alcanzar los acuerdos de paz en Centroamérica a finales de los años ochenta y al principio de los años noventa.

Negó que el tema Venezuela esté fuera de la OEA después de la reunión de cancilleres. “Todo lo contrario, sigue vivo y creo que Almagro y su posición clara va a seguir animando para que esto sea así. Además, la presión internacional continuará a través de la organización hemisférica, de medios tradicionales  ad hoc, como los llaman, con algunos países en búsqueda de fórmulas de presión para lograr que se alcancen resultados fructíferos”, agregó.

Aclaró que esa presión internacional no solucionará la crisis venezolana pero sí ayudará a “seguir creando el clima necesario para que la lucha se mantenga y llegue a buen puerto; sin el ambiente internacional sería más difícil mantener la presión de la oposición”.

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Opciones. El exembajador Norman Pino aseguró que el resultado de la reunión fue positivo para el país. “Aumentó el número de Estados que condena el comportamiento antidemocrático del Gobierno de Venezuela y el tema sigue abierto, vivo en la organización internacional”, expresó.

Indicó que una ausencia de una resolución no hará “languidecer la presión internacional”. “Crecerá en la medida en que el Gobierno profundiza su deriva totalitaria, rechaza cualquier salida democrática a la crisis y pretende imponer una asamblea constituyente fraudulenta para tratar de hacerse un nuevo traje a la medida”, comentó.

Afirmó que siguen abierta las opciones de la comunidad hemisférica. “Dependerán de las consultas que se lleven a cabo casi permamentemente sobre la situación venezolana, las cuales podrían resultar en acciones diplomáticas y sanciones individuales de cada país, además de declaraciones y comunicados que, de manera regular y creciente, vienen haciendo en repudio de las atrocidades cometidas”, remató.

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Moncada mantendrá la línea y el estilo pugnaz de la política exterior de Venezuela

Moncada mantendrá la línea y el estilo pugnaz de la política exterior de Venezuela

Samuel Moncada se estrenó como canciller de Venezuela rechazando la falta de solidaridad mundial, y en particular hemisférica, por el caso de un helicóptero que sobrevoló Caracas el 27 de junio y lanzó bombas sonoras contra el Tribunal Supremo de Justicia. Expertos afirmaron que este funcionario mantiene la tendencia de acentuar la desprofesionalización del Ministerio de Relaciones Exteriores y que seguirá la línea pugnaz y de verbo afilado de su predecesora, Delcy Rodríguez.

“¿Dónde está el valor moral para defender a los inocentes que ayer pudieron morir? (…) Esperamos la reacción de muchos países que se preocupan por la lucha contra el terrorismo. ¿Cómo se explica que se condenen unos hechos, pero no se condenen otros? ¿Cómo llamamos a estos principios que se doblan, de plastilina, de gelatina, que se nos quieren aplicar con una ‘dureza’ en ciertos casos y en otros se ignora? ¿Cómo podemos creer en estos países que un día condenan y creen que tienen altos principios y al otro día fingen demencia, y se callan? ¿La vida de los ciudadanos del centro de Caracas no les importa?”, denunció el ministro en rueda de prensa en la que atacó directamente a países como España, Italia, Canadá y México.

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El canciller de Venezuela, Samuel Moncada, denunció el 28 de junio la falta de solidaridad mundial con Venezuela no rechazar hecho con el helicóptero. Cortesía MRE

Moncada fue designado en el cargo por el presidente Nicolás Maduro el  21 de junio. Antes del nombramiento era vicecanciller para América del Norte y embajador permanente alterno ante la Organización de Estados Americanos (OEA). “Le he planteado que asuma la Cancillería para mantener el combate de la verdad de nuestra patria en el mundo”, agregó el mandatario ese día.

Este hombre es historiador de la Universidad Central de Venezuela (UCV). El 5 de julio de 2000 fue orador de orden de los actos por la independencia de Venezuela. El portal Universia asegura que a partir de allí hizo algunas asesorías a la Vicepresidencia de la República. Entre 2004 y 2006 fue ministro de Educación Superior y director de la Escuela de Historia de la UCV.

No tenía experiencia diplomática hasta que lo nombraron embajador ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En 2009 recibió el premio “Diplomático del año del continente americano 2009”, que entrega la revista inglesa Diplomat.

Pasó luego a ser jefe de la misión de Venezuela ante la Organización Naciones Unidas (ONU). Se convirtió en vicecanciller para Europa en 2016 y un año después en viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte y jefe de misión ante la OEA, donde intentó sin éxito de evitar que la crisis del país se abordara en sesiones del Consejo Permanente de la organización y luego en la reunión de cancilleres celebrada en mayo y junio.

Este historiador debe seguir impulsando la llamada diplomacia bolivariana de paz y enfrentar el creciente aislamiento regional (Suramérica) y hemisférico de Venezuela; el debilitamiento de la petrodiplomacia y la pérdida de influencia en el Caribe; las críticas a la gestión del Gobierno desde organismos internacionales y la pérdida de simpatía en la Unión Europea. Además, debe lograr en los próximos 6 meses avances en la solución pacífica de la controversia por el territorio Esequibo y las áreas marinas y submarinas que su proyección genera para evitar que el mecanismo de buenos oficios muera y el caso termine en la Corte Internacional de Justicia.

El exembajador venezolano Enrique Ter Horst intentó ser optimista con la designación de Moncada. “Es inteligente. Ojalá su nombramiento signifique también un cambio de política hacia la racionalidad. No sé si es un moderado, ni siquiera si es un demócrata; ojalá lo sea”, indicó.

Carlos Luna, politólogo y experto en Relaciones Internacionales, alertó que el nombramiento evidencia que no hay apego a la profesionalización de la carrera diplomática. “Está allí porque es una persona de confianza de Maduro. Lo escogieron por razones ideológicas. Parece que no hay interés por un Ministerio profesional”, agregó.

El internacionalista Eloy Torres calificó el ascenso de Moncada a la Cancillería como una “huida hacia delante”. “Es un poco mejor que la anterior funcionaria, aunque no se puede esperar mucho más. Hará solo lo que el presidente diga”, advirtió.

“¿Qué podemos esperar de él? Es una persona sin preparación diplomática, aunque ha ejercido funciones de este tipo. Se ha visto en sus últimas comparecencias en la OEA que tiene el mismo o peor talante que la excanciller. Las expectativas no son positivas, sino que siga los pasos que le dicten los asesores del gobierno, con una tónica agresiva, radical y confrontacional”, señaló la internacionalista María Teresa Romero.

El exembajador venezolano Óscar Hernández evitó declarar sobre una persona cuyo perfil desconoce. “Puedo afirmar que la diplomacia es un oficio a cualquier nivel y necesita gente debidamente preparada. Creo que actuará como militante de un partido más que un estadista porque desconoce las relaciones internacionales. El tema no es la ideología que profeses sino la solidez de las herramientas con las que cuentes. Si actúas como militante terminas como un portavoz de ideas, que busca conflicto”, expresó.

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La excanciller de Venezuela Delcy Rodríguez durante su participación en la reuniónde cancilleres de la OEA en junio en Cancún, México

Balance. Delcy Rodríguez dejó su cargo para participar como candidata a la asamblea nacional constituyente. Estuvo al frente de la llamada diplomacia bolivariana de paz desde finales de 2014. Sustituyó al expresidente de PDVSA Rafael Ramírez.

Desde esa tribuna trató de defender al Gobierno de Maduro de las críticas mundiales crecientes por su actuar a lo interno y externo. Lideró al país cuando ocupó por dos años un puesto de miembro rotativo del Consejo de Seguridad de la ONU en representación de América Latina y el Caribe. Alcanzó la presidencia del Movimiento de los Países no Alineados y vio el cambio de signo político en América del Sur  el consiguiente aislamiento del Ejecutivo.

Protagonizó últimamente roces con todos los Gobiernos que han expresado algunas críticas hacia las ejecutorias de Venezuela y ha llevado la negociación sobre la reclamación del Esequibo. Su línea argumental ha sido que Caracas y Maduro son víctimas de una conspiración regional liderada por el imperio (Estados Unidos) que tiene como objetivo el fin de la revolución bolivariana y el del progresismo o la izquierda.

Se le recordará como la canciller que ordenó la salida del país de la OEA y que recibió la decisión del Mercosur de cesar los derechos de Venezuela a ser miembro de ese esquema de integración.

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El excanciller de Venezuela cuando rechazó decisiones del Mercosur contra el país. Archivo

Se retira, además, concretando un proceso de jubilación de personal diplomático y administrativo de experiencia.

“Me aparto de mis responsabilidades como canciller y por amor a Venezuela me incorporo como candidata a la asamblea nacional constituyente. Invito a los gobiernos que tienen puentes de comunicación con sectores opositores en Venezuela para que los convoquen desde la adversidad y la diversidad política a participar en esta única salida democrática y constitucional”, expresó ante la asamblea general de la OEA celebrada en México, después de repartir insultos a los países que criticaron o expresaron preocupación por la crisis política, económica, social y humanitaria que vive el país.

“Delcy encarnaba la actitud desafiante, soberbia, autosuficiente, represiva. Le hizo daño a la imagen del régimen. Los cancilleres, si no tienen peso político propio, son ejecutores de instrucciones que reciben de los que sí lo tienen. Su última actuación en la OEA al torcer el brazo a Grenada, Suriname, Barbados y Trinidad y Tobago e impedir una resolución que igual no tardará mucho en aprobarse fue un buen momento para salir de ella o para que renunciara”, expresó Ter Horst.

“El dueño de un club de fútbol no cambia a su entrenador si ha obtenido éxitos. Ella no ha sido exitosa. Basta ver que antes de su llegada el Gobierno tenía muchos apoyos y aliados regionales y los bloques Alba y PetroCaribe eran fuertes. Ahora cuentan con unos cuantos países del Caribe más Ecuador, Nicaragua, Bolivia y El Salvador. Su ida a la constituyente es como un paso a una misión menor”, expresó Luna.

“Rodríguez es corresponsable del deterioro agresivo y rápido de la política exterior de Venezuela, caracterizada por un lenguaje escatológico y pugnaz que realmente no representa al país”, indicó Torres.

“Ella ha actuado de una manera visceral y con gran resentimiento. Ha atacado con el verbo a otros países. Su actitud no ha sido nada positiva para la diplomacia que representa ni mucho menos para los intereses del país”, aseveró Hernández.

“El balance de Rodríguez es negativo para los intereses de la nación. Para los intereses del gobierno de Maduro quizás es bueno, porque les dio una política exterior que continúa el proyecto de forma radical y confrontacional”, expresó Romero.

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Falta de consenso sobre Venezuela llevó a la OEA a perder la oportunidad de ratificar compromiso con la democracia

Falta de consenso sobre Venezuela llevó a la OEA a perder la oportunidad de ratificar compromiso con la democracia

La decisión de los cancilleres de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) de postergar para junio la toma de una posición frente a la crisis en Venezuela fue interpretada como una victoria por el Gobierno de Nicolás Maduro en su batalla en el escenario regional. Expertos aseguran que, en realidad, se perdió la oportunidad de ratificar el compromiso hemisférico por la democracia debido a la influencia de la cooperación de Caracas con el Caribe.

La reunión número 29 de consultas de cancilleres del ente hemisférico se celebró en Washington el 31 de mayo, como estaba previsto. Se presentaron tres proyectos de resolución: el Antigua y Barbuda, el de Perú. Canadá, Estados Unidos, México y Panamá, y el de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom).

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Los dos primeros tenían mucho en común: exhortaban al Gobierno de Maduro a suspender el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente; pedían respetar los derechos humanos, la apertura de un canal humanitario, la liberación de los presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional, y proponían un grupo de países para facilitar el diálogo.

La diferencia fue que el país caribeño planteaba controlar la libertad del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y que esta recayera en el Consejo Permanente, y el de Perú pedía suspender las detenciones arbitrarias y el uso de tribunales militares para juzgar a civiles.

El tercer documento se presentó la noche del 30 de mayo. Era menos preciso. No hablaba nada relacionado con la Asamblea Nacional Constituyente y se limitaba a llamar al diálogo, que debía alcanzarse a través de un mecanismo de facilitación.

La sesión comenzó. Los presentes empezaron a expresar sus visiones, mientras se seguía la negociación en búsqueda del consenso. Países como Colombia rechazaron la Constituyente. Al final, Antigua y Barbuda retiró su propuesta y solo quedaron la de Perú y la de Caricom.

“La presentación del proyecto del Caribe dificultó las largas y delicadas negociaciones que se venían adelantando por tratar de conciliar los dos originalmente presentados.  Cuando se retira el de Antigua y Barbuda y queda el de Caricom ya se había perdido un tiempo valioso que impidió conciliar ambas propuestas y no se logró el consenso”, explicó el exdiplomático venezolano Edmundo González.

Después de negociaciones, los cancilleres acordaron no votar ningún proyecto y prorrogar la decisión hasta la asamblea general de la OEA, a realizarse del 19 al 21 de junio en Cancún, México.

“En la OEA se hizo un intento de alto nivel por lograr un consenso de propuestas sobre la crisis en Venezuela. El hecho de que solo se habló de Venezuela significa que el país está señalado por la comunidad hemisférica. Esto se enmarca en la diplomacia preventiva, que busca evitar que siga escalando el conflicto a través de la búsqueda de una solución”, explicó el exembajador venezolano Óscar Hernández.

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó como una victoria la ausencia de acuerdo en la OEA. “En sus caras está marcada la derrotada, la silla vacía de Venezuela representa la dignidad y el respeto hacia los países, respeto a los principios básicos del Derecho Internacional como lo es la no intervención en los asuntos internos de los Estados, el principio de autodeterminación de los pueblos”, indicó. Aseguró que el país estará representado en la asamblea general de la organización hemisférica a celebrarse en México.

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El secretario general de la OEA. Luis Almagro. Cortesía OEA

Almagro afirmó  que el Gobierno de Venezuela había quedado aislado porque su posición era “que hubiera una votación con las dos resoluciones y eso no se hizo”. “La del resto de los países y de la organización, en cambio, fue construir consensos y dejar a Venezuela en la agenda”, agregó. Reconoció que no era fácil llegar a un acuerdo.

Caracas se movió con rapidez en los países de Caricom hasta lograr una resolución que, al final, impidió alcanzar el consenso necesario en corto plazo.

Análisis

Para González, la OEA “perdió la oportunidad para hacer valer el compromiso de los países miembros, con los valores y principios democráticos –uno de los pilares fundamentales de la organización- al no lograr un consenso en una declaración cuyo valor era la sanción política al régimen venezolano”.

Destacó que fueron las lealtades las que pesaron sobre los argumentos. “De nuevo primaron otro tipo de intereses de ‘amistad’ y ‘cooperación’”, agregó.

Aprovechó para destacar cuatro puntos positivos del encuentro de cancilleres. El primero, que 19 países apoyaron la realización de la reunión. “Eso revela la preocupación que existe en muchos gobiernos del hemisferio por la gravedad de la crisis que a juicio de algunas delegaciones no es fácil de contener”, indicó.

El segundo, que varios cancilleres denunciaron violaciones de derechos humanos en el país, la represión de los cuerpos de seguridad del Estado, el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el diálogo con la oposición en el que medió el Vaticano, pidieron liberar los presos políticos, restituir las atribuciones del Parlamento, y criticaron la celebración de una Constituyente.

El tercer punto, la apuesta de varios cancilleres por una solución pacífica y electoral a la crisis e, incluso, plantearon una mediación con un grupo países de amigos. El cuarto, que se reconoce el principio de no intervención, pero que ello no impide la actuación ante una crisis.

La exdiplomática Rosario Orellana resaltó que lo ocurrido está relacionado con la “considerable influencia en el Caribe” que tiene el Gobierno de Maduro. “La utiliza para bloquear cualquier intento contundente en su contra y asombra la timidez de los gestos ante la crisis venezolana; aunque es cierto que hasta hace poco conseguían evitar que el tema siquiera fuera considerado y que la sola reunión de cancilleres con ese único tema en agenda es un avance”, agregó.

Afirmó que lo sucedido le hace pensar que la legitimidad de desempeño “pesa menos de un gramo ante la tonelada de legitimidad de origen”.  Planteó la hipótesis de que el evitar la votación quizá “convino a los caribeños, que podría haberle obsequiado una declaración de Caricom a Venezuela, en vez de insistir en la abierta medición de fuerzas”.

Dijo pensar que la decisión de Caracas de salirse de la OEA pudo ser un acierto para el Gobierno. “Desde su perspectiva, por supuesto, porque eso puede debilitar la posición que lo cuestiona en un próximo encuentro”, indicó.

El también exembajador venezolano Enrique Ter Horst  aseguró que la ausencia de consenso en la OEA es el resultado del trabajo diplomático del chavismo en el Caribe. “Los 17 años de compra sistemática de voluntades de los gobernantes de los países miembros de la OEA por (Hugo) Chávez y Maduro no ha terminado de desarticularse, sobre todo en el Caribe. Jamaica, Barbados, Santa Lucía y Guyana son excepciones. Haití y República Dominicana recibieron mucha ayuda de Petrocaribe, como casi todos”, señaló.

Aseguró que el proceso que se adelanta en la organización hemisférica es “de presión incremental y de aprendizaje colectivo”. “Los venezolanos han hecho ese aprendizaje, con mucho dolor y a un precio altísimo en muertes y destrucción. Los pueblos de América Latina también lo han hecho, incluyendo los del Alba y los del Caribe. Posiciones como las de algunos gobiernos, sobre todo caribeños, son menos sostenibles ante los demás miembros de la OEA y también ante sus propios electores”, amplió.

Dijo que el proceso en la organización hemisférica seguirá “probablemente hasta más allá de la asamblea general de México”. “En lo que hay que pensar urgentemente es en el apoyo multilateral de la ONU, la OEA y el FMI, entre otros, para crear las condiciones para la reconstrucción de Venezuela y el restablecimiento de nuestra gobernabilidad democrática”, enfatizó.

Hernández calificó como “normal en el multilateralismo” el hecho de que los Estados miembro de la OEA no hayan alcanzado un consenso sobre Venezuela.

Caricom trabajó como un bloque y los demás países no pudieron alcanzar consenso y se dieron la oportunidad de seguir trabajando sobre el tema para hallar documento de consenso que necesita la aprobación de 22 países o 23 si está Venezuela”, explicó.

Aclaró que la falta de consenso fue la consecuencia de “que hay visiones que difieren”. “Caricom prefirió presentarse como grupo y no aislado para evitar diferencias internas. Además, muchos países sienten que la actitud de Almagro es indebida, ven con criterio ortodoxo la diplomacia preventiva, lo que impide que se aplique”, indicó.

Rechazó que se califique lo ocurrido como una victoria de la diplomacia bolivariana. “Desde el momento en que se sientan a analizar lo que sucede en Venezuela, es una derrota para el país en su conjunto. El hecho de que se siga hablando de la crisis afecta nuestro posicionamiento internacional, el potencial para recibir inversiones, la generación de confianza en el marco de las relaciones financieras internacionales, en la confianza de los bancos, etc”, agregó.

Adelantó que en la OEA seguirán las negociaciones hasta que se produzca un resultado. “Previa a la reunión se seguirán haciendo contactos y reuniones en la búsqueda de un consenso. Si sale un documento se llamará de nuevo la atención sobre la crisis, se planteará la necesidad de una negociación con un grupo de países amigos que contribuya en diálogo  y es posible que se evalúe la constituyente como inapropiada. Si no hay acuerdo, quedarán asentada las visiones expresadas”, remató.

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El representante de Estados Unidos Thomas Shannon. Cortesía OEA

Expertos: Creación de un grupo para impulsar el diálogo en Venezuela puede ser la opción de los cancilleres de la OEA

Expertos: Creación de un grupo para impulsar el diálogo en Venezuela puede ser la opción de los cancilleres de la OEA

Representantes de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) participarán en la reunión de consultas de cancilleres que se celebrará en Washington, Estados Unidos, y en la que se buscará un acuerdo en torno a acciones para ayuda a Venezuela a superar la crisis que vive. Las horas pasan, mientras las negociaciones avanzan. Expertos aseguran que existe la posibilidad de que haya consenso sobre una propuesta: la creación de un grupo de amigos para facilitar una negociación entre las partes.

El encuentro se celebrará a pesar del Gobierno de Nicolás Maduro trató de evitarlo desde abril. Una vez que se aprobó, buscó la manera de que no se fijara una fecha o de retrasarlo. Cuando no pudo hacer más, reiteró su negativa a participar pero comenzó a moverse fuertemente con los 14 países que integran la Comunidad del Caribe (Caricom) para lograr una victoria diplomática o, en su defecto, algo que pueda convertir en tal.

Caracas mantiene el argumento de que la organización hemisférica es un apéndice de Estados Unidos que solo busca la derrota de la autodenominada revolución bolivariana. “La OEA no solo condenará la violencia en Venezuela sino que alienta y promociona a sus líderes para que no dialoguen y mantengan crímenes”, tuiteó la canciller, Delcy Rodríguez, el 28 de mayo sobre las protestas en el país.

La reunión de consultas de cancilleres está establecida en la carta fundacional de la organización.  Se convoca para “considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos” y la convocatoria a realizarse la puede pedir cualquier miembro y la mayoría absoluta del Consejo Permanente debe decir si procede.

Horas antes de su realización se conocían dos proyectos de declaración. El primero, presentado por Antigua y Barbuda, aliado de Venezuela en Petrocaribe y la Alianza Bolivariana para Nuestros Pueblos de la América (Alba); el segundo, presentado por Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá. A última hora, se conoció una tercera de los cancilleres de Caricom, del que es parte Antigua y Barbuda.

Las dos primeras tienen elementos comunes: exhortan (la primera) o llaman (la segunda) a cesar la propuesta del Gobierno de una Asamblea Nacional Constituyente; llaman a respetar los derechos humanos; piden la apertura del canal humanitario, la liberación de los presos políticos, respeto a la autonomía del Parlamento y un cronograma electoral, y llaman al diálogo. Coinciden también en la oferta de un mecanismo o grupo de contacto para facilitar y mediar en un nuevo diálogo con actores aceptados por las partes.

La diferencia es que la propuesta de la isla caribeña le quita la vocería sobre Venezuela al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y se la traspasa al Consejo Permanente. En el caso de  la de Perú, se llama a suspender las detenciones arbitrarias y el uso de tribunales militares para juzgar a civiles.

La tercera propuesta, la de Caricom, hace llamados genéricos a la paz y el respeto a los derechos humanos “el estado de derecho y los procesos constitucionales” y plantea, como los otros dos, el diálogo como salida a través de un mecanismo de facilitación para apoyar una negociación y el cumplimiento de los acuerdos.

La particularidad es que no habla para nada de la propuesta de la constituyente, la propuesta del oficialismo venezolano para tratar de cambiar el orden establecido y derrotar las protestas. De aprobarse, sería una victoria para Caracas. O podría enredar la discusión, lo que favorecería a Caracas.

“Cualquier documento que se apruebe debe contar con, mínimo, 22 votos de 24 posibles”, advirtió el exembajador venezolano Óscar Hernández.

Los países de Caricom tienen 14 votos, lo que obliga a que cualquier documento tenga el consenso de todos los miembros o quebrar la unidad de uno de los bloques.

“Las dos primeras propuestas tienen diferencias que no son insalvables. Seguramente se propondrá la creación de un grupo de países amigos como garantes para establecer una negociación entre las partes como solución para encontrar una salida al conflicto. Sin duda, el llamado a elecciones será el centro de las exigencias de un esfuerzo de esta naturaleza. Para el país sería una oportunidad para encontrar la mediación de países del continente una salida apropiada a la crisis. La decisión final la debería acordar la mayoría de la asamblea general, prevista en junio”, explicó Hernández.

“Estimo que puede haber una declaración formal con exhortos, recomendaciones y preocupaciones –instar completa la escala- si consiguen consenso o una formal, y tal vez una segunda de un grupo de países. Veo muy improbable una resolución. También es de esperar que quede abierto el mecanismo de consulta”, expresó la exdiplomática venezolana Rosario Orellana.

Se descarta la aplicación de algún tipo de sanciones. “La OEA carece de mecanismos coercitivos. Es probable que los países que apoyan la búsqueda de salidas a la crisis procuren la conformación de un Grupo de Amigos que ha estado impulsando el presidente de Perú o un grupo de apoyo. Aunque menos probable, cabría el intento de otro mecanismo a nivel de personalidades”, advirtió Orellana.

“La OEA no tendría capacidad de tomar medidas coercitivas directas, a menos de que proceda a una expulsión de acuerdo con la Carta Democrática, como una decisión de carácter moral ante su empeño en no buscar alternativas adecuadas para superar la crisis”, indicó Hernández.

Venezuela tendría el derecho de ignorar las medidas o no acatarlas. “Podría seguir con su retórica del intervencionismo a la soberanía y el imperialismo como responsable de que América Latina se arrodille a sus deseos”, expresó Hernández.

Surgen dudas de qué pasaría con Caracas si no acata lo acordado, como ya lo ha dicho. “Quedaría con obligaciones emanadas del acuerdo perdería el apoyo de los programas de cooperación que genera el entramado de la OEA. Por supuesto, sería un revés moral ante la comunidad internacional y los países de la región podrían tomar bilateralmente algunas medidas relacionadas con el comercio, cooperación y finanzas si quieren dejar muestra de su desacuerdo con las políticas del Gobierno de Venezuela”, señaló Hernández.

Venezuela busca el apoyo del Caribe antes de reunión de cancilleres de la OEA

Venezuela busca el apoyo del Caribe antes de reunión de cancilleres de la OEA

El Gobierno de Venezuela se mueve para tratar de minimizar los daños que le pueda ocasionar cualquier decisión que se tome en la reunión número 29 de ministros de Relaciones Exteriores de los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se abordará la crisis del país suramericano. Para lograr su objetivo maniobra en el Caribe, espacio que durante el Ejecutivo de Hugo Chávez le fue cercano y que le ha ido abandonando últimamente. Allí lucha por recuperar la voluntad perdida y obtener una victoria diplomática.

El presidente Nicolás Maduro envió el 28 de abril una comunicación al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que denunció la Carta fundacional de la organización hemisférica, paso necesario para abandonarla en 2019. Aunque su embajador alterno, Samuel Moncada, dejó de asistir a las reuniones del Consejo Permanente, el Ejecutivo no ha renunciado al trabajo diplomático, con la mirada puesta en la Comunidad del Caribe (Caricom). Parte de los 14 países que integran este mecanismo y pertenecen a la OEA (alrededor de siete y ocho) han votado a favor de Caracas o, en su defecto, se han abstenido

“El Gobierno de Maduro se prepara para la reunión de cancilleres tratando de asegurarse que los caribeños no voten en su contra. La abstención de muchos de ellos en la anterior reunión le preocupa. También sabe que Estados Unidos se está moviendo fuertemente para que dejen de apoyarle”, indicó la internacionalista María Teresa Romero.

La reunión de consultas de cancilleres de la OEA está prevista en la Carta fundacional de la organización. Si objetivo es «considerar problemas de carácter urgente y de interés común» para los Estados miembro y servir de órgano de consulta. La puede solicitar cualquier país.

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Encuentro en la OEA. Imagen cortesía web de la OEA.

 

Las acciones de Caracas en el Caribe han sido varias y de variado signo. La canciller, Delcy Rodríguez, participó el 19 de mayo en la reunión número 20 de cancilleres de Caricom. En ella aportó la versión oficial del Poder Ejecutivo sobre la crisis del país y buscó apoyos.

“La presencia de la canciller es la acción diplomática para esgrimir el argumento de la amenaza del imperialismo y la derecha internacional que hemos visto en los discursos de la mayoría de los países del Caribe Oriental y cumplir con la labor de hegemonía comunicacional en cuanto a falsear las razones de las protestas, las muertes, las denuncias de violación de derechos humanos, e insistir en la tesis de la inestabilidad y las lesiones que traería un cambio de régimen sobre las alianzas regionales de Alba y Petrocaribe. La apuesta de la diplomacia de Maduro es evitar, disminuir y retrasar cualquier propuesta de acción regional distinta a las ‘alianzas bolivarianas’”, expresó Mirna Yonis, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela.

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Foto de familia de los cancilleres de Caricom. Cortesía cuenta Twitter Caricom.

 

Caricom emitió un comunicado especial sobre Venezuela, en el que los ministros de Relaciones Exteriores del esquema de integración dijeron que la salida a la crisis pasa por un diálogo que “debe buscarse internamente, apoyado por un proceso de mediación”. Este texto recibió el elogio de Rodríguez porque, a su juicio, deja claro la importancia del principio de no intervención en asuntos internos de otros países, pieza clave del argumento de Caracas.

“Los términos del comunicado no deben sorprender, son propios de la posición que han asumido los países de Caricom. Si bien la inferencia que se ha hecho es que favorecen el diálogo con mediación, invito a revisarlo; señala con extremada prudencia diplomática que la solución a la situación en Venezuela debe buscarse ‘internamente’ y respaldada por un proceso de mediación. No hay compromiso con los mecanismos ni actores que participarían en la mediación”, expresó Yonis.

“El comunicado de Caricom aboga por el Estado de derecho, la democracia y el diálogo en Venezuela. No apoya a Maduro sino que diplomáticamente le recuerda sus deberes; no es un texto complaciente, sino neutro. Caricom parece que empieza a tomar distancia de Venezuela” expresó Romero.

Los caribeños emitieron el texto oficial en el que reflejaron los acuerdos del encuentro. Allí reiteraron “su apoyo inequívoco” a la soberanía y la integridad territorial de Guyana” ante el reclamo histórico de Venezuela por el Esequibo. Expertos que optaron por el anonimato coincidieron en que muestra que el interés del Ejecutivo de Maduro en el encuentro era ganarse la voluntad del Caribe y no el territorio en reclamación.

Un aliado de Venezuela, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, allanó el camino de la canciller Rodríguez. Envió una carta a Caricom en la que denunció intentos de factores externos de dividir al Caribe para favorecer acciones contra Caracas. El segundo viceprimer ministro de San Vicente y las Granadinas, Sir Louis Straker, reiteró la denuncia el 18 de mayo en el primer día de la reunión caribeña.

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El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves. Cortesía Caricom

Actividad diplomática

Caracas parecer haber dado instrucciones a sus embajadas en el Caribe para que se aproximen a los respectivos gobiernos. El jefe de la misión de Venezuela en Barbados, Francisco Pérez Santa, dio una rueda de prensa el 17 de mayo un día antes del encuentro de Caricom, en la que pidió a Bridgetown apoyo, publicó el diario Barbados Today. “Solo queremos que respeten nuestra soberanía, nuestra independencia; solo queremos ser libres y queremos el apoyo del Caribe a nuestra soberanía”, agregó.

La embajadora de Venezuela en Trinidad y Tobago, Coromoto Godoy, denunció ese mismo día, en rueda de prensa, que Estados Unidos está detrás las marchas de la oposición venezolana.

“Estos dos países son clave en el Caribe y se busca que hagan un posible contrapeso a las posiciones de Jamaica y Guyana (a favor de la oposición). Aunque comenzó el proceso de denuncia de la Carta de la OEA, el Gobierno de Venezuela no renuncia al juego diplomático de aminorar o retrasar las propuestas y acciones que se puedan llevar a la reunión de consulta de cancilleres”, aportó Yonis.

Barbados votó el 26 de abril en el Consejo Permanente de la OEA a favor de una reunión de cancilleres para analizar la crisis en Venezuela y el 15 de mayo aprobó que se hiciera el 31 de mayo.

Trinidad y Tobago se ha abstenido de secundar cualquier decisión contra Venezuela en la organización hemisférica. En 2016 Caracas acordó comprar a Puerto España 50 millones de dólares en alimentos. El 14 de marzo de este año firmaron un documento que establece la construcción de un gasoducto de Campo Dragón (costas afuera), al norte del estado Sucre, hasta Campo Hibiscus, que permitirá suministrar gas a la isla caribeña. El diario oficialista Correo del Orinoco publicó una nota el 21 de mayo en la que informaba que Pdvsa y la petrolera Shell evaluaron el avance en las negociaciones.

La embajadora de Venezuela en Guyana, Reina Arratia, pidió el 23 de mayo, en una rueda de prensa en Georgetown, el apoyo al Ejecutivo de Maduro para salir airoso ante las protestas opositoras. Ningún medio reflejó que la diplomática haya hablado algo  sobre el reclamo venezolano por el Esequibo, en manos de un buen oficiante de la ONU.

Una delegación de Petrocaribe acordó con Surinam aumentar la exportación de úrea venezolana al país caribeño. Entre septiembre y octubre deben llegar a Paramaribo 4.000 toneladas métricas de úrea y en 2018 17.000 toneladas métricas a la empresa Rice Manufacturing. Esto ayudará a ampliar la capacidad de exportación del cereal a Brasil, Jamaica y Portugal.

Maduro participó el 12 de abril en la LXIV cumbre de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS, según sus siglas en inglés). Buscó, según expertos, mantener el apoyo en la OEA de seis de sus diez integrantes (Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, isla que ha sido díscola).

La estrategia hacia el Caribe es tan evidente que expresidentes de países de Iberoamérica solicitaron a los Gobiernos de los Estados de esa región a “evitar los chantajes” y a restaurar la democracia en el país suramericano.

Por las redes sociales ha circulado una supuesta propuesta de resolución de Antigua y Barbuda en la que exhorta al Gobierno de Venezuela a suspender el llamado a una asamblea nacional constituyente; respetar la Asamblea Nacional; liberar los presos políticos y adoptar un calendario electoral, y ofrece un nuevo “grupo de contacto para facilitar y mediar en un nuevo proceso de diálogo”.

¿Por qué los caribeños?

Los países de Caricom son clave para Venezuela ante la pérdida de apoyos en Suramérica (cuenta con Bolivia y la incógnita de Ecuador con el nuevo mandatario Lenín Moreno), la ausencia de identidad con Norteamérica (Estados Unidos Canadá y México) y la división en Centroamérica (solo la acompañan El Salvador y Nicaragua).

La OEA está integrado por 34 Estados. De ellos, 14 están son del Caribe no hispanoparlante, que representan 41 % de los sufragios:

  • Antigua y Barbuda
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belize (también centroamericano)
  • Dominica
  • Granada
  • Guyana
  • Haití
  • Jamaica
  • San Cristóbal y Nieves
  • Santa Lucía
  • San Vicente y las Granadinas
  • Suriman
  • Trinidad y Tobago.

A Caricom la conforman esos 14 países más la isla de Montserrat. De ellos, seis (Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y la Granadinas, Granada, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) forman parte de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), propuesta impulsada por Venezuela para oponerse al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Once de los 15 miembros de Caricom (Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Surinam) también son signatarios de Petrocaribe, acuerdo para venderles petróleo a crédito, con ventajas y que parte de la deuda se pueden pagar con bienes y servicios. Solo dos de los caribeños de la OEA no se benefician de este esquema de cooperación: Trinidad y Tobago y Barbados.

Mientras Hugo Chávez estuvo en el poder en Venezuela y los precios del petróleo fueron altos, Estados caribeños votaron a su favor. Su muerte, la pérdida de fuerza de la petrodiplomacia chavista y radicalización de la posición de Guyana frente al reclamo por el Esequibo (quiere que el tema lo maneja la Corte Internacional de Justicia) ha debilitado esa cercanía.

De esos 14 países, Guyana, Jamaica y Barbados y Bahamas han votado contra los intereses de Caracas, mientras que Santa Lucía y Belize van de la abstención al apoyo al grupo que no acompaña a Venezuela. Trinidad y Tobago, por ejemplo, se ha abstenido y Granada se ha ausentado en las últimas tres votaciones sobre Caracas.

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Imagen cortesía página web Caricom

No hay un criterio claro sobre si la Asamblea Nacional puede detener la salida de Venezuela de la OEA

No hay un criterio claro sobre si la Asamblea Nacional puede detener la salida de Venezuela de la OEA

El Gobierno de Venezuela denunció la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), paso necesario dejar oficialmente esa instancia en abril de 2019. El presidente de la Asamblea Nacional (AN),  Julio Borges, respondió con un acuerdo aprobado por la mayoría parlamentaria  en el que solicitó al organismo no aceptar la salida por considerarla inconstitucional.  No hay consenso en los expertos consultados sobre si el documento legislativo puede detener la decisión del Poder Ejecutivo.

El exdiplomático venezolano Gerson Revanales dejó ver que no cree que el documento parlamentario pueda revertir la decisión presidencial.  “El artículo 152 de la Constitución establece el presidente dirige las relaciones internacionales; las facultades de la AN son solo aprobar los tratados parábola. La AN no tiene constitucionalmente facultad para impedir la denuncia. Esto es una deficiencia dela Constitución”, indicó.

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El profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Los Andes, Vladimir Aguilar, tiene una visión contraria. “En principio sí podría, por tratarse de una carta fundacional de un organismo del que Venezuela es parte y del que se hizo parte mediante un acuerdo aprobado por el Parlamento. Además, el sistema interamericano prevé normas y mecanismos de protección de derechos humanos que amplían los derechos consagrados en el ámbito doméstico y que entran en el ordenamiento jurídico por vía del artículo 23 de la Constitución”, explicó.

El exdiplomático venezolano Alfredo Michelena comparte de cierta la forma la opinión de Aguilar. “La respuesta no es simple. Esto no está expresamente dicho en la Constitución. De allí en adelante, es cuestión de interpretación. Para mí, que no soy abogado, si se debe solicitar la aprobación de la AN para que sea válido cualquier contrato o convenio de interés nacional, la lógica diría que para hacer lo contrario también se necesita del Parlamento. Pero el tema se vuelve político. Sí está claro que la AN debe tratar de evitar la salida de Venezuela de la OEA”, expresó.

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El presidente de la AN de Venezuela, Julio Borges, desde la sede de la OEA. Cortesía cuenta Twitter Julio Borges

Ante estas posiciones, surge la duda de qué busca el Parlamento al intentar bloquear el retiro del país de la organización hemisférica.

“Es importante entender que por una contingencia política no se puede tomar una decisión que revista consecuencias jurídicas, sobre todo si no está apegada a derecho. Por otra parte, no hay ningún otro mecanismo, con todas sus imperfecciones y tareas pendientes, distinto a la OEA, que garantice la protección de los derechos humanos, ni a nivel de Naciones Unidas ni en las nuevas instancias de integración regional”, señaló Aguilar.

“La AN debe dar la pelea para seguir mostrando evidencias del carácter del régimen, algo que sí es efectivo. Basta recordar que por solicitud de la AN Almagro hizo su informe y se invocó la Carta Democrática Interamericana. La AN quizás no detenga la salida de Venezuela de la OEA, pero hará que el régimen pague el mayor costo internacional posible”, comentó Michelena.

Venezuela entregó el 28 de abril al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la carta firmada por el presidente Nicolás Maduro en la que denuncia la carta fundacional de la organización hemisférica para salir de ella.

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El secretario general de la OEA, Luis Almagro, al momento de recibir la denuncia de Venezuela de la Carta de la OEA. Foto cortesía OEA

La decisión de retirarse de la OEA fue la consecuencia de que el Consejo Permanente del ente decidió el 26 de abril convocar una reunión de cancilleres del hemisferio para analizar la crisis venezolana. Esto contó con 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia (Grenada). Caracas cumplía así con la amenaza que hizo justamente para tratar de evitar la medida.

El artículo 143 de la carta de la OEA establece para denunciar el documento se entregará una misiva “escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba”. Deja claro que el retiro de hará efectivo dos años después, aunque en ese lapso el Estado debe cumplir con las obligaciones del texto fundacional.

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La mayoría opositora de la AN aprobó el 3 de mayo un acuerdo que declara inconstitucional y nulo la carta que envió Maduro a la Secretaría General de la organización hemisférica para salir de ella. Borges lo entregó a Almagro en Washington el 4 de mayo.

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El presidente del Parlamento de Venezuela, Julio Borges, conversa con el seretario general de la OEA, Luis Almagro. Cortesía Twitter Julio Borges.

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió esta acción el viernes 5 de mayo. A través de su cuenta de Twitter acusó al presidente del Parlamento del país de intentar usurpar funciones del presidente de la República y lo amenazó con actuar en su contra.

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Expertos: Venezuela sale de la OEA para evadir sus compromisos hemisféricos y el escrutinio internacional

Expertos: Venezuela sale de la OEA para evadir sus compromisos hemisféricos y el escrutinio internacional

El Gobierno de Venezuela dio el paso para concretar el retiro voluntario del país de la Organización de Estados Americanos (OEA), decisión que, a juicio de expertos, persigue tres objetivos: evitar el escrutinio internacional, evadir el cumplimiento de sus obligaciones e impedir un diálogo con acompañamiento foráneo que derive en una salida real a la crisis.

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Secretario general de la OEA. Luis Almagro, recibe denuncia de Venezuela de la renuncia fundacional de la OEA. Cortesía OEA.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro denunció la carta fundacional de la organización hemisférica el 28 de abril. Fue, como prevé el artículo 143 del instrumento jurídico, a través de una carta que recibió el actual secretario general, Luis Almagro.

La misiva de seis páginas está firmada por el mandatario de Venezuela. En su primer párrafo expresa “la indeclinable decisión de denunciar” la Carta de la OEA para salir de la organización.  Luego está plagada de la retórica que el chavismo ha usado contra  este ente hemisférico, al que acusa de intervencionismo e injerencismo, y contra Almagro, hombre que considera dejará un legado negativo.

Se concreta así la amenaza que formuló el 25 de abril la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, de que el país suramericano se retiraría de la OEA si el Consejo Permanente de la organización aprobaba el 26 de abril una reunión de cancilleres para analizar la crisis nacional, como ocurrió con el voto favorable de 19 países de 34 posibles, 10 rechazados, cuatro abstenciones  y una ausencia (Grenada). Con esto se saca al país suramericano de la institucionalidad hemisférica (derechos humanos, finanzas, etc.).

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Sesión del Consejo Permanente de la OEA en la que se aprobó la reunión de cancilleres de la OEA. Cortesía OEA

“Venezuela no va a participar de ninguna actuación de la OEA, Venezuela se ha retirado y hoy vamos a formalizar, entregando a la Secretaría General de esta organización, la carta denunciando  a la OEA, retirándonos definitivamente de esta organización, hemos roto con las cadenas históricas imperiales del monroísmo y su expansionismo, somos tierra soberana, independiente, libre y así seguirá siendo”, dijo Rodríguez el 27 de abril en rueda de prensa.

Maduro justificó la decisión bajo el supuesto intervencionismo del ente hemisférico. “Rompieron los esquemas de convivencia (…) con un secretario general absolutamente arrastrado, desvergonzado, que está al servicio de la política imperial como ningún secretario general en 70 años de existencia de la OEA Luis Almagro es la vergüenza de América Latina. Somos libres de la OEA y más nunca volveremos. ¡Qué viva la independencia! ¡Qué viva la patria! ¡Venezuela se respeta y la vamos a hacer respetar por todas las vía”, indicó el 27 de abril.

La Cancillería de Venezuela ratificó a través de un comunicado que no atenderá ninguna iniciativa de la organización hemisférica, con lo que descartó su intervención en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la región.

Caracas había denunciado en 2012 la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que la llevó en 2013 a abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incómoda para el chavismo por la cantidad de casos que allí se ventilaban en su contra.

La salida de la OEA deja interrogantes por responder. En estas líneas se tratan de responder cuatro, consideradas capitales comprender la magnitud y alcance del hecho.

¿Puede Venezuela dejar la OEA?

El tema es de naturaleza jurídica y ha levantado un debate. El exdiplomático venezolano Óscar Hernández dijo que todo país tiene derecho de retirarse de una organización multilateral o internacional. “Venezuela lo hizo de la Comunidad Andina, por ello el proceso de adhesión establece una cláusula de denuncia del tratado o de acuerdo”, expresó.

El también exdiplomático venezolano Norman Pino deja claro que cualquier país se puede retirar de la organización. “Es un procedimiento expedito; sólo tienen que  notificarlo. Pero no saldríamos sino en dos años a partir de la recepción de la voluntad de abandonar el organismo, lo cual constituye un terrible precedente, pues nadie en toda la historia de la OEA se ha salido”, agregó.

“Venezuela será miembro pleno durante do años más, además de estar obligado a cumplir los acuerdos interamericanos debidamente ratificados”, expresó el exembajador de Venezuela ante la ONU Milos Alcalay.

El historiador Nahem Reyes coincidió con Hernández y con Pino, aunque introdujo unl elemento adicional en el análisis. “Venezuela puede salirse de la OEA; es un Estado soberano y tiene la  potestad de permanecer allí. Ahora bien, a lo interno, como todo tratado internacional que suscribe la República, la decisión de retiro debe tomarlo el Poder Legislativo”, expresó.

Abogados como Carlos Ayala Cora, quien fue entrevistado en un programa radial, y José Ignacio Hernández, en un artículo en el portal Prodavinci, alertaron que para que se dé el retiro primero habría que modificar la Constitución, dado que ella establece en su artículo 23 que todo los pactos y tratados relacionados con derechos humanos  suscritos  y ratificados por el país tiene carácter constitucional, como es el caso de la Carta de la organización.

¿Qué busca el Gobierno de Venezuela con el retiro de la OEA?

Óscar Hernández: “En mi opinión, el Gobierno busca no tener que estar sometido ante el ojo visor de una organización que le puede exigir el cumplimiento de los principios establecidos como los referidos a los derechos humanos, la democracia y el respeto a la Constitución. Además, actúa en consecuencia con Cuba y cree que retirándose otros lo seguirán para debilitar a Estados Unidos y fortalecer a la Celac. Venezuela debe cumplir los deberes y las obligaciones incluidas el pago de su cuota así como imaginamos que, en consecuencia, retiran a la brevedad posible al representante permanente y a la delegación acreditada en Washington”.

Nahem Reyes: “El Gobierno busca evitar la solución definitiva de la crisis venezolana, que no es otra cosa que un diálogo serio con objetivos y plazos claramente definidos que desemboque en un proceso electoral general bajo una amplia y sólida observación de la OEA. En crudo, ser derrotados en las urnas y ser desplazados del poder”.

Milos Alcalay: “El Gobierno de Venezuela busca con esta decisión no cumplir con sus obligaciones internacionales”.

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Secretario general de la OEA. Luis Almagro, recibe denuncia de Venezuela de la renuncia fundacional de la OEA de la representante del país suramericano. Cortesía OEA.

¿Qué consecuencias tiene para el país el retiro de la OEA?

Milos Alcalay: “La consecuencia será aislarse aún más de la comunidad hemisférica e internacional”.

Óscar Hernández:  “Una consecuencia es que demuestra el poco interés que tiene el país de aceptar los compromisos y obligaciones derivadas de las normas, entre ellas las referidas a la cooperación, entrenamiento y respaldo financiero, pero especialmente lo que se refiere a la progresión en temas como el respeto a los derechos humanos. Otra es que pierde la capacidad de acción y negociación en el foro más importante del hemisferio”.

Nahem Reyes: “Esto no tiene mayor trascendencia, más allá de develar en un escenario internacional la absurda e irracial gestión de los representantes de la diplomacia criolla tras ser cuestionados sobre evidencias sólidas el talente democrático y de respeto de los derechos humanos del gobierno de Maduro”.

Norman Pino: “Venezuela queda obligada a cumplir, no solo la Carta (de la OEA) sino también la Carta Democrática, además de una serie de compromisos adquiridos previamente, entre ellos el pago de sus contribuciones atrasadas, hasta que quede definitivamente fuera. Si no cumple sus compromisos, simplemente  seguirá profundizando su aislamiento y reforzando su carácter de Estado forajido”.

¿Pueden la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño (Celac) o la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sustituir a la OEA o beneficiar a Venezuela?

Norman Pino: “La Celac y la Unasur son organismos con otros propósitos y razones de ser. La primera es la heredera del Grupo de Río; es más bien una instancia de coordinación política entre los países latinoamericanos estrictamente hablando, ya que excluye deliberadamente a Estados Unidos y Canadá, e incluye a Cuba. La Unasur es otro invento cuyo propósito original se fue desvirtuando a través de su accidentada creación, y terminó siendo otra instancia de coordinación y accionar político restringido a los países de América del Sur. Ninguno de los dos tiene el carácter hemisferico que tiene la OEA ni cubre el amplísimo espectro de tareas que lleva a cabo la OEA a través de sus diferentes instancias. Tampoco tienen el acervo jurídico e institucional del organismo más antiguo de la comunidad internacional. Así que hablar de sustituir a la OEA sería exagerado y presuntuoso”.

Óscar Hernández: “Ni la Celac ni Unasur tienen el ámbito ni el acervo institucional que tiene la OEA. Además, organizaciones sin Estados Unidos ni Canadá no son hemisféricas y, por lo tanto, pierden los beneficios de una relación más amplia entre todos los países de toda la región”.

Nahem Reyes: “Estos órganos, Celac y Unasur, son más que nada meros foros políticos. En tanto que la OEA está más estructurada institucional y jurídicamente a la hora de abordar crisis como la venezolana. Por lo tanto, La Celac resulta un tanto débil y menos incómoda que la OEA, amén de que en la Celac no está presentes Estados Unidos ni Canadá y, ciertamente, la influencia estadounidnese resulta ciertamente un tanto reducida como puede ser el caso de la OEA”.

Milos Alcalay: “Las Cancillerias que votan en la OEA son, sin Estados Unidos y Canadá, las mismas que votan en la Celac y también muchas de ellas votan en Unasur y Mercosur”.

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La canciller de Argentina, Susana Malcorra, durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA en la que se aprobó la reunión de cancilleres de la OEA. Cortesía OEA