La presión internacional sobre el Gobierno de Venezuela ha aumentado en julio. Países de América y de Europa centran sus peticiones en suspender la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para haya un diálogo con la oposición que, en un plazo breve, arroje resultados concretos –elecciones incluidas- que lleven a superar la crisis del país suramericano. Expertos aseguran que este cerco puede llevar al Ejecutivo de Nicolás Maduro a aislarse y a radicalizarse más.
La consulta popular convocada por la Asamblea Nacional y celebrada el 16 de julio potenció las críticas que desde abril comenzaron a formularse hacia el Poder Ejecutivo venezolano. El acto se organizó con 15 días de anticipación, sin el respaldo del Poder Electoral y con la presión oficial para evitar que se conociera su alcance e importancia.
Más de 7,5 millones de venezolanos participaron dentro y fuera del país. De ellos más de 7 millones rechazaron la constituyente, exigieron a la Fuerza Armada Nacional cumplir la Constitución y el establecimiento de un gobierno de unidad nacional. Diversas fuentes afirmaron que la expectativa era que intervinieran más de 5 millones.
Las cancillerías de países como México, Canadá, Argentina, Brasil, Honduras, Paraguay, Costa Rica y Estados Unidos, los presidentes Panamá, Juan Carlos Varela, de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, la Unión Europea (UE), Alemania y hasta el presidente del Europarlamento, Antonio Tanjani, alabaron la participación popular y solicitaron escuchar y respetar la exigencia de suspender la constituyente.
El Gobierno de Venezuela tenía dos opciones: reconocer lo ocurrido y buscar salidas o radicalizarse en su trinchera. Optó por lo segundo al asegurar que la consulta popular era ilegal, a pesar de que está prevista en el artículo 71 de la Constitución, la llamó consulta interna de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) e insistió en que la constituyente era la vía para la paz.
“Eso fue una operación de propaganda que busca generar un efecto inmediato en la comunidad internacional. El plebiscito fue un acto fallido porque jamás sabremos cuántas personas en realidad votaron”, denunció el canciller de Venezuela, Samuel Moncada, el 17 de julio, a la vez que acusó a los medios internacionales de obviar el simulacro de votación para la constituyente.
Esta acción generó otra reacción. A la alta representante de la política exterior de la UE, Federica Mongherini, le consultaron sobre la posibilidad de sanciones y dijo que se estudiaban. Esto le valió insultos de Maduro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un paso más allá y amenazó al Gobierno de Caracas con penas económicas si no detenía la constituyente. La respuesta fueron insultos y el comienzo de una campaña de defensa del país.
La Cancillería de Venezuela emitió un comunicado en el que rechazó las amenazas de Washington, pidió a los pueblos de América Latina solidaridad y anunció una nueva revisión de las relaciones con la principal potencia mundial.
“Ahora la constituyente será para la paz y para la defensa de la soberanía”, afirmó Maduro el 18 de julio en rueda de prensa en la que denunció una campaña contra Venezuela, a la que se sumaron, dijo, países como Argentina, Brasil, Colombia y España.
El mandatario de Venezuela convocó el primero de mayo a una constituyente en respuesta al mes de protestas contra la ruptura del orden constitucional que, a juicio de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, produjeron las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia. En las bases electorales no se estableció una consulta previa a la gente, como sí ocurrió en 1999, para preguntarle si estaba de acuerdo con la propuesta.
El artículo 347 de la Constitución de Venezuela establece que el pueblo, como “depositario del poder constituyente originario”, es el único que puede convocar a una constituyente para “transformar el Estado, crear un nuevo orden jurídico y redactar una nueva Constitución”.
El artículo 348 dice que el presidente de la República, la Asamblea Nacional, dos tercios de los consejos municipales o 15 % del electorado inscrito tienen la iniciativa o facultad de proponerla. Expertos afirman estos actores pueden plantearla pero solo la puede convocar el pueblo mediante un referéndum.
El Gobierno ha desatado a través de embajadas una campaña para defender la constituyente y denunciar la amenaza de Estados Unidos de aplicar sanciones económicas.
Moncada se reunió con el 21 de julio con la jefa de Gabinete del secretario general de la ONU, António Guterres, y denunció las amenazas contra el país. Tres días después aseguró que Washington viola las Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) –organismo del que saldrá en dos años- y de la organización mundial “al amenazar a los países para golpear las democracias de la región”.
El funcionario extendió la denuncia ante 67 embajadores de lo más de 100 países que integran el Movimiento de los Países No Alineados, el cual preside la propia Venezuela.
Acusó el 24 de julio a Colombia y México de participar junto con Estados Unidos en un intento por derrocar al Gobierno de Caracas. Tanto Bogotá como Ciudad de México lo negaron.
En el continente continúan las presiones. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó un tercer informe sobre la crisis venezolana en el que habla de los riesgos de la constituyente.
Mercosur instó en un comunicado al restablecimiento del orden constitucional en Venezuela, el cese de la violencia, la liberación de los presos políticos, la separación de poderes, el evitar “iniciativas que puedan dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales” y a un diálogo.
Un grupo de 17 países solicitó ante la OEA una reunión del Consejo Permanente para el 26 de julio para volver a abordar la crisis en el país suramericano.
Se celebró el 26 de julio en Washington. No hubo consenso sobre un texto en el que se proponía solicitar a Caracas suspender la convocatoria a elecciones para seleccionar a los miembros de la constituyente. Se leyó un comunicado de 13 países.
En la mayoría de los discursos de los representantes de los 34 Estados miembro sí hubo una constante: la preocupación por la crisis y la necesidad de un diálogo verdadero que permita hallar una salida.
Quedó clara, también, la división de la organización hemisférica en tres bloques: uno, que desea colaborar para impulsar un diálogo; otro, en el que está un Caricom dividido entre los que no quieren intervenir y otros que se acercan más al primer grupo, y el último bloque, que apoya al Gobierno de Venezuela.
Este panorama muchas interrogantes sobre hacia adónde apunta esta presión internacional y sus posibles consecuencias. Ellas las responden los profesores Leopoldo Colmenares y Emilio Nouel, el historiador Nahem Reyes y los exdiplomáticos venezolanos Óscar Hernández Bernalette, y Edmundo González Urrutia.
¿Cómo interpretar las reacciones internacionales ante los resultados de la consulta popular?
Óscar Hernández Bernalette: “Parte de la comunidad internacional responde con un llamado de atención y alerta al Gobierno sobre las consecuencias para el país y la escalada conflictiva que puede ampliarse si no se retira el llamado a la constituyente. Los gobiernos democráticos de la región, países europeos y organismos internacionales han cuestionado la violación constante, sistemática y generalizada de los derechos humanos y la violencia del aparato del Estado durante este período de protestas continuas”.
Leopoldo Colmenares: “Las reacciones de algunos gobiernos ante el resultado del plebiscito son una continuación de las posturas que en los últimos meses han tenido en cuanto a apoyar a la oposición en el país, esto es a la restitución de la democracia y el Estado de derecho. La gran participación popular dentro del país, y la gran difusión dada por los medios de comunicación a las manifestaciones de cientos de miles de venezolanos en el exterior y, en particular, en España, Estados Unidos y América Latina, le dan a esos gobiernos un argumento más a las políticas que ya venían ejecutando en Venezuela”.
Emilio Nouel: “Todas las reacciones internacionales han sido acordes con la envergadura e implicaciones de la consulta popular. En su mayoría, han sido positivas y la consulta reconocida y bien evaluada. No solo la participación numérica ha impactado fuera del país, también su efecto político interno e internacional la convierte en un acontecimiento sin parangón. La reacción no podía ser otra, habida cuenta de que la comunidad internacional estaba antes muy sensibilizada sobre nuestra crisis”.
Nahem Reyes: “La mayoría de los países latinoamericanos, Estados Unidos y Europa han insistido en la necesidad de realizar inmediatamente una elección general para que Venezuela tenga un nuevo gobierno de modo que retorne con ello la paz y se estabilice la región. Para nadie es un secreto que Venezuela es un Estado fallido con un gobierno forajido que genera perturbación y notables alteraciones a la seguridad hemisférica. Este plebiscito dio muestras cuantitativas y sólidas de que la mayoría del pueblo venezolano no acompaña esa propuesta oficialista e inútil de una nueva Constitución y menos en los términos que pretende Maduro imponerla”.
¿Qué buscan estas reacciones internacionales?
Emilio Nouel: “Persiguen que el Gobierno doble el brazo y se avenga a una negociación que abra el camino a una solución política negociada a la brevedad. Un gobierno de transición o de unidad nacional es lo que se buscaría, realizando incluso elecciones anticipadas. Las presiones exteriores se han incrementado y conversaciones ‘informales’ se siguen produciendo entre actores importantes del mundo. Hay la propuesta de crear un grupo de gobiernos de países que sirva de garante o mediador en una solución pronta”.
Leopoldo Colmenares: “Las reacciones de los gobiernos, que casi a coro han solicitado a Maduro el retiro de la constituyente, tiene por objeto estabilizar la situación del país en la búsqueda de una situación consensuada gobierno-oposición, esto es negociaciones, en las cuales alguno de estos países podría participar como garante o mediador. Si bien las naciones que se han manifestado a favor de la estabilización del país en su mayoría invocan valores mayores como la restitución de la democracia y el respeto de los derechos humanos como sus principales banderas, están muy preocupados por las consecuencias que la exacerbación de la violencia y profundización de la crisis económica tendrían sobre algunos de ellos, en particular de las tremendas olas de emigración que se desatarían sobre Colombia, Brasil, islas del Caribe y Estados Unidos”.
Óscar Hernández Bernalette: “Lo que se busca es que el Gobierno reaccione y entienda que puede llevar al país a un mayor caos y hasta una guerra civil si no se retoma el hilo constitucional y se cumple con los mandatos de la Constitución y especialmente lo que se refiere a la necesidad de elecciones constitucionales”.
Nahem Reyes: “Todas estas reacciones son conducentes a dos aspectos muy puntuales: darle mayor reconocimiento y respaldo a la oposición venezolana y adicionalmente actúan como un poderoso factor aislacionista al Gobierno de Maduro, que cada vez tiene menor capacidad de maniobra en el escenario internacional y en el sistema financiero mundial”.
¿Cuáles podrían ser los actores internacionales clave en esta crisis venezolana?
Leopoldo Colmenares: “Colombia, Brasil, México, Argentina y Perú, por medios diplómaticos serían, en principio, las naciones que podrían resultar clave en la resolución pacífica del conflicto, en caso de que se arme algún ‘grupo de amigos’, pero el Gobierno de Maduro pediría que alguno de sus más cercanos, como República Dominicana o Nicaragua se incorporen. Sí es relevante observar que Venezuela se encuentra cada vez más aislada y son pocos los países que se decantarían a favor de Maduro. La actuación de Estados Unidos es clave en el sentido de que su presión sobre el gobierno por medios coercitivos lo llevará a tomar acciones, como la activación del Consejo de Defensa de la Nación y la aplicación de una ofensiva diplómatica. La actuación de Estados Unidos, dependiendo del tipo de sanciones que aplique al Gobierno venezolano, tendrán efectos sobre los diversos grupos que conforman el Ejecutivo ¿Cómo reaccionará el grupo militar? ¿Cómo lo harán grupos más ligados al narcotráfico? ¿Cómo los menos comprometidos con violaciones de derechos humanos y corrupción? Eso es indeterminado y habrá que esperar.
Emilio Nouel: “Los actores claves son Estados Unidos, China, Rusia, El Vaticano, la UE, Cuba e incluso países como Brasil y Colombia. Aunque estos difícilmente sean los mediadores, pues han tomado partido. No se descartan países europeos”.
Óscar Hernández Bernalette: “Los actores claves, y que pueden jugar un papel constructivo y protagónico como parte del engranaje internacional que se afecta por la situación de crisis son: Estados Unidos, Colombia, Brasil, México, la UE, especialmente, España, Francia y el Reino Unido. Están China y Rusia, actores claves y Cuba como parte interesada en nombre del Gobierno Maduro y organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la OEA. El Vaticano, además, como garante de cualquier proceso de negociación”.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la presión internacional?
Leopoldo Colmenares: “Es lógico que el Gobierno busque apoyos en el exterior, más allá del continente americano, y allí es donde podrían intervenir –pero no tan directamente- Rusia y China, que tienen intereses económicos en el país. Esto complicaría más la situación y alargaría más la solución del conflicto. También está el viejo truco de intentar cohesionar al país en contra del enemigo externo, Estados Unidos, quienes se habían abstenido de intervenir más activamente en el país por la fuerte antipatía que a nivel mundial causan tales intervenciones. Esto es un elemento que siempre tienen presente casi todos los asesores en la política internacional de Estados Unidos”.
Nahem Reyes: “Creo que la OEA -y su secretario general- sigue siendo una institución clave en ese proceso de aislamiento del Gobierno de Maduro, actuando como una poderosa tenaza que presiona a Miraflores. La Casa Blanca y sobre todo el Senado estadounidense están prepararando el terreno para masivas sanciones no al país, sino directa y puntualmente a los actores del Gobierno venezolano involucrados en crímenes, con vinculaciones con organizaciones o células terroristas del Medio Oriente y crímenes contra la población civil. Esto genera un daño grande pues le resta capacidad de movimiento a estos funcionarios, tanto civiles como militares”.
Emilio Nouel: “Esperamos que obliguen al gobierno militar-civico de Maduro a negociar su salida pacíficamente, renunciando a la constituyente, reconociendo a la AN, permitiendo elecciones, liberando a los presos politicos. La MUD ha planteado un compromiso de gobernabilidad que podría ser la base para una salida negociada, que permitiría a los chavistas que no tienen deudas con la justicia en materias de corrupción, narcotráfico y violacion de derechos humanos a seguir actuando en la política nacional”.
Edmundo González Urrutia: “La presión internacional es clave. Ya no se trata exclusivamente de denunciar las arbitrariedades y condenar las violaciones de los derechos humanos. Ante las amenazas que se ciernen sobre la democracia venezolana si se instala la constituyente es tiempo de que se exploren otras acciones más contundentes como sería la aplicación selective de sanciones a los responsables de las violaciones a los derechos humanos”.
Óscar Hernández Bernalette: “Las consecuencias de las reacciones internacionales pueden tener dos escenarios. A la opción de sanciones de Estados Unidos y la UE, una mayor conflictividad del gobierno que se puede atrincherar en la noción de la agresión del imperialismo. Lo correcto es que se evalué en su justa dimensión el mensaje que le envían muchos gobiernos y que actué en consecuencia de manera constructiva. La comunidad internacional no ha pedido a Maduro que claudique, ni renuncie ni se entregue. Tampoco le da un cheque en blanco a la oposición. Le están recomiendan que retome el hilo constitucional y retire la propuesta de constituyente que puede ser una herramienta para coartar mayores libertades, destruir la democracia representativa y generar una escala conflictiva mayor. Países vecinos pueden ser víctimas de la escalada de violencia. Brasil y Colombia reconocen las consecuencias de una crisis humanitarias en términos de refugiados, asilados y emigrantes. Estados Unidos se ha convertido en el principal receptor de emigrantes venezolanos. Las sanciones económicas globales poco ayudarían pues no hay garantías de que funcionen y lo más sensato sería que Maduro aprovechara las alertas de la diplomacia preventiva, retirara la constituyente e iniciara un proceso de negociación entre las dos partes a la brevedad posible”.
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