Representantes de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) participarán en la reunión de consultas de cancilleres que se celebrará en Washington, Estados Unidos, y en la que se buscará un acuerdo en torno a acciones para ayuda a Venezuela a superar la crisis que vive. Las horas pasan, mientras las negociaciones avanzan. Expertos aseguran que existe la posibilidad de que haya consenso sobre una propuesta: la creación de un grupo de amigos para facilitar una negociación entre las partes.
El encuentro se celebrará a pesar del Gobierno de Nicolás Maduro trató de evitarlo desde abril. Una vez que se aprobó, buscó la manera de que no se fijara una fecha o de retrasarlo. Cuando no pudo hacer más, reiteró su negativa a participar pero comenzó a moverse fuertemente con los 14 países que integran la Comunidad del Caribe (Caricom) para lograr una victoria diplomática o, en su defecto, algo que pueda convertir en tal.
Caracas mantiene el argumento de que la organización hemisférica es un apéndice de Estados Unidos que solo busca la derrota de la autodenominada revolución bolivariana. “La OEA no solo condenará la violencia en Venezuela sino que alienta y promociona a sus líderes para que no dialoguen y mantengan crímenes”, tuiteó la canciller, Delcy Rodríguez, el 28 de mayo sobre las protestas en el país.
La reunión de consultas de cancilleres está establecida en la carta fundacional de la organización. Se convoca para “considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos” y la convocatoria a realizarse la puede pedir cualquier miembro y la mayoría absoluta del Consejo Permanente debe decir si procede.
Horas antes de su realización se conocían dos proyectos de declaración. El primero, presentado por Antigua y Barbuda, aliado de Venezuela en Petrocaribe y la Alianza Bolivariana para Nuestros Pueblos de la América (Alba); el segundo, presentado por Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá. A última hora, se conoció una tercera de los cancilleres de Caricom, del que es parte Antigua y Barbuda.
Las dos primeras tienen elementos comunes: exhortan (la primera) o llaman (la segunda) a cesar la propuesta del Gobierno de una Asamblea Nacional Constituyente; llaman a respetar los derechos humanos; piden la apertura del canal humanitario, la liberación de los presos políticos, respeto a la autonomía del Parlamento y un cronograma electoral, y llaman al diálogo. Coinciden también en la oferta de un mecanismo o grupo de contacto para facilitar y mediar en un nuevo diálogo con actores aceptados por las partes.
La diferencia es que la propuesta de la isla caribeña le quita la vocería sobre Venezuela al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y se la traspasa al Consejo Permanente. En el caso de la de Perú, se llama a suspender las detenciones arbitrarias y el uso de tribunales militares para juzgar a civiles.
La tercera propuesta, la de Caricom, hace llamados genéricos a la paz y el respeto a los derechos humanos “el estado de derecho y los procesos constitucionales” y plantea, como los otros dos, el diálogo como salida a través de un mecanismo de facilitación para apoyar una negociación y el cumplimiento de los acuerdos.
La particularidad es que no habla para nada de la propuesta de la constituyente, la propuesta del oficialismo venezolano para tratar de cambiar el orden establecido y derrotar las protestas. De aprobarse, sería una victoria para Caracas. O podría enredar la discusión, lo que favorecería a Caracas.
“Cualquier documento que se apruebe debe contar con, mínimo, 22 votos de 24 posibles”, advirtió el exembajador venezolano Óscar Hernández.
Los países de Caricom tienen 14 votos, lo que obliga a que cualquier documento tenga el consenso de todos los miembros o quebrar la unidad de uno de los bloques.
“Las dos primeras propuestas tienen diferencias que no son insalvables. Seguramente se propondrá la creación de un grupo de países amigos como garantes para establecer una negociación entre las partes como solución para encontrar una salida al conflicto. Sin duda, el llamado a elecciones será el centro de las exigencias de un esfuerzo de esta naturaleza. Para el país sería una oportunidad para encontrar la mediación de países del continente una salida apropiada a la crisis. La decisión final la debería acordar la mayoría de la asamblea general, prevista en junio”, explicó Hernández.
“Estimo que puede haber una declaración formal con exhortos, recomendaciones y preocupaciones –instar completa la escala- si consiguen consenso o una formal, y tal vez una segunda de un grupo de países. Veo muy improbable una resolución. También es de esperar que quede abierto el mecanismo de consulta”, expresó la exdiplomática venezolana Rosario Orellana.
Se descarta la aplicación de algún tipo de sanciones. “La OEA carece de mecanismos coercitivos. Es probable que los países que apoyan la búsqueda de salidas a la crisis procuren la conformación de un Grupo de Amigos que ha estado impulsando el presidente de Perú o un grupo de apoyo. Aunque menos probable, cabría el intento de otro mecanismo a nivel de personalidades”, advirtió Orellana.
“La OEA no tendría capacidad de tomar medidas coercitivas directas, a menos de que proceda a una expulsión de acuerdo con la Carta Democrática, como una decisión de carácter moral ante su empeño en no buscar alternativas adecuadas para superar la crisis”, indicó Hernández.
Venezuela tendría el derecho de ignorar las medidas o no acatarlas. “Podría seguir con su retórica del intervencionismo a la soberanía y el imperialismo como responsable de que América Latina se arrodille a sus deseos”, expresó Hernández.
Surgen dudas de qué pasaría con Caracas si no acata lo acordado, como ya lo ha dicho. “Quedaría con obligaciones emanadas del acuerdo perdería el apoyo de los programas de cooperación que genera el entramado de la OEA. Por supuesto, sería un revés moral ante la comunidad internacional y los países de la región podrían tomar bilateralmente algunas medidas relacionadas con el comercio, cooperación y finanzas si quieren dejar muestra de su desacuerdo con las políticas del Gobierno de Venezuela”, señaló Hernández.
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